La perversión del sanchismo y el encastillamiento de su representante en la tierra acabará convirtiendo el PSOE en una sucursal del PSC. La desautorización expresada, este miércoles, por catorce regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha supuesto un mero trámite institucional en una España hueca de contrapesos donde un presidente instrumental solo atiende, como por otra parte siempre hizo, al cálculo electoral. La aritmética de los votos ha llevado a Pedro Sánchez a coserse un poco más a Salvador Illa, a quien se las están poniendo como a Fernando VII para consolidar un régimen de ‘pujolato’ en Cataluña. Pero con pelazo.

Una de las conclusiones más inevitables de este nuevo ataque al principio de igualdad entre los ciudadanos de este país es que, desde siempre, a sus políticos la financiación autonómica les ha traído sin cuidado salvo por lo que tiene de herramienta de confrontación con el rival: ha sido un ariete que se iba afilando cada vez más a medida que sobrevenía un ciclo electoral, como el que se abrió el pasado 21 de diciembre con la celebración de los comicios en Extremadura.

Lo que carece de precedentes es que el criterio de distribución del dinero esté en manos de alguien que, como este presidente del Gobierno, descontara en su plan de supervivencia el más que previsible descalabro de sus propios adláteres en Aragón, Castilla y León y Andalucía. El último caso, claro, es el más lacerante, porque los malabarismos de María Jesús Montero para explicar la inevitable colisión de sus roles de ministra de Hacienda y candidata tendrían gracia si no fuera porque suponen un insulto a la inteligencia de los españoles, singularmente de los andaluces.

Lo peor es que la asignatura pendiente de acometer una reforma real, transparente y ponderada del sistema de financiación continuará siendo en el imaginario político un asunto postergado por inercia, como ha venido ocurriendo y continuará sucediendo gobierne quien gobierne

Las invocaciones de los consejeros autonómicos del PP se dirigieron en su mayoría a cargar contra la bilateralidad de la negocación con un inhabilitado como Oriol Junqueras. Este santón autoproclamado del independentismo más fariseo todavía trataba ayer de trasladar los beneficios de la mejora cuantitativa de un acuerdo cerrado a dos bandas para «el conjunto de la sociedad». Se refería a toda España pero de haber citado el nombre de nuestro país, el choteo hubiera resultado ya del todo intolerable.

Si en algo se sustenta un modelo autonómico como el vigente es en el principio de solidaridad interterritorial, que es lo contrario de la cacareada ordinalidad, profundamente elitista y, por ello, incompatible con principios democráticos emanados de una Constitución que, como una vez escuché decir a Nicolás Sartorius, lamentablemente tiene tantos defensores de boquilla como escasos cumplidores.

Lo peor es que la asignatura pendiente de acometer una reforma real, transparente y ponderada del sistema de financiación continuará siendo en el imaginario político un asunto postergado por inercia, como ha venido ocurriendo y continuará sucediendo gobierne quien gobierne. Porque esto no va de recursos, sino de urnas. Y con este chantaje no gana ERC ni menos el conjunto de los catalanes. Ganan Illa y Sánchez.