Tonia Etxarri-El Correo
No hizo falta una mención expresa al Gobierno. A la presidenta del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial se le entendió todo. Tras las últimas descalificaciones del Ejecutivo y el PSOE a determinados jueces que subieron el mercurio del termómetro institucional, con el ataque del ministro Óscar Puente señalando a los magistrados como la «oposición real» al Gobierno, el órgano constitucional ha acusado el golpe. Justo el mismo día en que las principales asociaciones de jueces y fiscales protagonizaban un sonoro paro masivo para protestar por la reforma judicial conocida como la ‘ley Bolaños’, que pretende modificar el acceso a las dos carreras y afectaría notablemente a la independencia judicial, «bajo amenaza». En ese contexto de tenso pulso entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, Isabel Perelló se vio en la necesidad de salir a defender a los magistrados, acosados por «autoridades y particulares».
Su denuncia sobre las «presiones intolerables» que socavan el ejercicio de la función que la propia Constitución encomienda al Poder Judicial, deja en evidencia la máxima tensión que se está viviendo entre el Gobierno y los jueces desde que se abrieron las investigaciones sobre casos de presunta corrupción en el entorno del presidente. Sostenía ayer Perelló que las manifestaciones públicas «que cuestionan actuaciones de jueces concretos… son impropias de un Estado democrático avanzado», al mismo tiempo que se lamentaba por la pérdida de respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven .
Pero el Gobierno no se da por aludido. Faltaría más. Tanto es así que el ministro Bolaños quiso ponerse a la cabeza de la manifestación de los respetuosos hacia los jueces. Eso sí: a los que hacen su trabajo con imparcialidad y con independencia. ¿Y quién decide quienes son los magistrados agraciados? Pues él mismo desde su tribunal de juicios paralelos está dispuesto a poner nota.
En la sesión de ayer en el Congreso (la última del curso político) no hubo sorpresa alguna. Después de 45 días sin responder a la prensa, quince meses sin comparecer ante el Senado y semanas desviando los dardos de la oposición en el Congreso, el presidente del Gobierno no se movió de su habitación del pánico. Porque estuvo en el hemiciclo de cuerpo presente pero sin responder a las interpelaciones. Viene siendo habitual, pero ayer Pedro Sánchez volvió a sufrir un fallo de memoria. Vaya por Dios. Sigue creyéndose que fue él quien ganó las elecciones generales de 2023. Hasta el punto de echar en cara a Feijóo que no reconociera el resultado electoral. ¿Quién se aplica la sicología del espejo, presidente? (Acababa de reprochar al líder del PP que él se dedica a recriminar al Gobierno sus propios defectos). Si su actitud no fuera tan sombría, resultaría hasta cómica. Pero la situación no da para viñetas de humor. Sánchez (que apoya a García Ortiz y ayer calló sobre Santos Cerdán) sabe que el fiscal general del Estado, cuando se le abra juicio oral, tendrá que dimitir. Bastante daño ha infligido ya a la institución, que se merece un respeto. Como los tribunales.