Pocos estrenos ha habido en la política institucional española que hayan tenido tanto éxito de crítica y público como el que ha protagonizado esta semana la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, y en tanto que tal, presidenta también del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. Confieso que su elección vino a plantearme la duda de si una miembro de ‘Juezas y Jueces para la Democracia’ podía ser idónea para el cargo. La duda se me despejó siquiera sea parcialmente con su discurso de inauguración del año judicial cuya esencia se resume en este párrafo: “Este Consejo va a defender la independencia del Poder Judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”.
Irreprochable y al mismo tiempo obvio. Es la ley y solo la ley que obliga a la independencia del Poder Judicial que la presidenta piensa defender, según promete. Durante su alocución, el ministro tres en uno, Félix Bolaños, ponía cara de sufridor. Es verdad que junto al valor fundamental de la independencia no era muy relevante el encendido entusiasmo con que reivindicó su condición de mujer, pero esta, en sí misma, no es una cualidad que proclame nada. Las mujeres son mayoría en la judicatura, pero esto no las confiere las virtudes de mérito y capacidad que son deseables para cualquier cargo público. Es probable que la elección de Isabel Perelló sea un acierto. Son indicios de ello el hecho de que La Moncloa y Conde-Pumpido tuvieran preferencia por Ana Ferrer y Pilar Teso, sin duda tan mujeres como Perelló, indudablemente tan progresistas, pero seguramente no tan independientes y más sectarias, donde se ve que la condición femenina y el progresismo no son valores supremos que deban prevalecer.
También hay que comparar esa irreprochable defensa de la independencia con el lamentable discurso del Peter Lorre que ejerce de fiscal general del Estado, y prefirió dedicar sus esfuerzos a combatir la acusación popular en la Justicia y aquí pueden maliciarse que estaba defendiendo sus propios intereses y los de su mandante -¿de quién depende la Fiscalía, eh?- porque acusó a la acción popular de lo perturbadores que podían ser sus efectos, en referencia apenas velada a los casos que amenazan al entorno familiar del presidente, pero también a sí mismo, cuya imputación por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso podría estar próxima.
El presidente del Constitucional habló ayer con motivo de la toma de posesión del nuevo miembro del órgano de garantías, José María Macías, cuya incorporación disminuye la ventaja de los vocales progresistas sobre los conservadores. Conde-Pumpido habló de independencia de los jueces e invocó al primer presidente del Constitucional, Manuel García Pelayo, que había alertado a «renunciar a hacer del tribunal un órgano político». No sabemos si la presidenta Perelló cumplirá su compromiso. Sí sabemos que Conde-Pumpido miente. Hace ya casi veinte años que hizo aquel imborrable estriptís moral: «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino».