Las elecciones del 23-J arrojaron un resultado que planteaba, desde el primer momento, serios problemas para su gestión política, dada la complicada composición de las Cámaras y las dificultades que se presentaban para que estas pudieran desarrollar sus funciones con normalidad. Sin entrar en detalles sobre la aritmética electoral, que nunca puede ser ignorada, la principal conclusión a la vista del mapa político y parlamentario era la gran dificultad para poder conformar unas mayorías sólidas y cohesionadas; que es, conviene insistir en ello porque con frecuencia se olvida, la condición indispensable para poder garantizar la estabilidad y la continuidad de la legislatura.

La experiencia de las investiduras, tanto de la frustrada de Feijóo como de la que salió adelante con Pedro Sánchez, corrobora lo que venimos diciendo, si bien en este último caso es preciso puntualizar que la ajustada mayoría numérica lograda presentaba, desde el primer momento, serios déficits para poder ser considerada como una mayoría parlamentaria para la legislatura. Pero lo que nos interesa reseñar es que el factor clave para tratar de conseguir la mayoría necesaria, primero para la investidura y luego para la legislatura, ha sido la amnistía, que se ha erigido en la cuestión central y determinante de nuestra vida política.

Ello obliga a plantear algunas consideraciones sobre esta cuestión, aunque solo sea porque es el tema que viene monopolizando la actualidad política durante todo este semestre. La primera hace referencia al más que dudoso acierto de haber escogido un asunto como el de la amnistía para conformar, sobre él, la mayoría parlamentaria necesaria para desarrollar la legislatura. Este asunto apenas fue planteado durante la campaña electoral. Solo después del 23-J, a la vista de los resultados, esta cuestión pasa a ocupar el lugar central del escenario político hasta hoy.

Sin entrar aquí en el debate sobre la naturaleza de la amnistía, que a mi juicio tiene muy difícil encaje en el contexto y en la forma en que ha sido planteada, constituye un serio error considerar que se trata de una cuestión coyuntural de la que se puede hacer uso para conseguir con ella el respaldo parlamentario necesario para apuntalar el Gobierno. Y es mayor error aún pensar que una medida legislativa como ésta, polémica y discutible como ninguna otra, puede salir adelante con la ajustada mayoría numérica de que se dispone en el Congreso (no así en el Senado) y sin que sea posible apreciar en sus integrantes, como vienen mostrando los hechos, el grado de cohesión política suficiente para poder superar los obstáculos que inevitablemente van a surgir.

Pero si el planteamiento que se ha venido haciendo desde el Gobierno sobre la amnistía resulta muy discutible, la reacción de la oposición plantea mayores problemas aún. A falta de posibilidad alguna de conformar una mayoría parlamentaria alternativa, viene recurriendo sistemáticamente a una retórica reactiva con el único objetivo de desalojar como sea al Gobierno salido de las urnas el 23-J. Mantener el bloqueo a la renovación del Consejo del Poder Judicial, proporcionar cobertura a decisiones judiciales con finalidades claramente extrajurídicas, recurrir a la utilización instrumental del terrorismo extendiéndolo a actividades que nada tienen que ver con él, trasladar a las instancias europeas (mediadores en Bruselas) los problemas institucionales propios, introducir las referencias al delito de traición y a la trama rusa son actitudes cuya única aportación consiste en contribuir a aumentar el barullo político y judicial.

No es previsible que las cosas vayan a cambiar mucho en los próximos meses, más aún teniendo en cuenta el escenario electoral que se abre hasta el verano: mañana elecciones gallegas (que parecen generales), próximamente al Parlamento vasco y seguidas las europeas. Pero convendría, a la vista del balance monotemático en torno a la amnistía de este primer semestre, dedicar también atención a algunos otros asuntos que no tienen menor interés que éste y que todos los que han venido alimentando en sesión continua el constante barullo institucional en el que hemos estado ocupados durante los seis últimos meses.