Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Pero los que llegan a España y a la Unión Europea, no a una comunidad autónoma independiente del resto de comunidades autónomas que conforman España y forman parte de la Unión Europea; es decir, las Islas Canarias no es un ente que deba solucionar sus supuestos propios problemas que a ellas afectan sino que, en verdad, estos son de todos los españoles y todos los europeos, y a nuestros representantes corresponde tomar medidas para encauzarlo. El archipiélago es una de las principales puertas de entrada de migrantes irregulares a Europa; pero es puerta de entrada a Europa, no destino último de su proyecto. Llegan a Canarias porque Canarias es España y porque España es Unión Europea. Y dar la espalda a las Canarias, como se lleva tiempo haciendo, no es solo una irresponsabilidad política sino, además, una canallada.

El Gobierno de Sánchez, que se dice progresista y de izquierdas, está a otras cosas: más le valdría viajar a las islas en lugar de a Waterloo para volver a ceder ante un delincuente que pretende la impunidad total

Casi seiscientos inmigrantes han sido rescatados en los últimos días en Lanzarote, Gran Canaria y el Hierro. Y no es una excepción a la norma sino el pan nuestro de cada día en la llamada ruta canaria, una de las rutas de migración más mortíferas del mundo. La responsabilidad es compartida entre los distintos gobiernos y distintos partidos políticos, pero el principal responsable es el Gobierno de España, que es el que debe liderar las medidas para enfrentar la crisis migratoria y esta situación de saturación, colapso e insolidaridad que él mismo está agravando.

Cada 45 minutos muere un inmigrante tratando de llegar a nuestras costas canarias. Y los que llegan vivos deben ser atendidos por el Gobierno canario, atado de pies y manos ante una situación que lo desborda. No es que el resto de las comunidades autónomas deban ser solidarias con Canarias sino que es su propio problema que deben atender como tal. La cuestión no es autonómica o regional sino nacional y europea, pero la Unión Europea sigue en este tema apagada o fuera de cobertura y, cuando se despierta, solo se le ocurre abrir campos de concentración para refugiados fuera de sus fronteras. Y el Gobierno de Sánchez, que se dice progresista y de izquierdas, está a otras cosas: más le valdría viajar a las islas en lugar de a Waterloo para volver a ceder ante un delincuente que pretende la impunidad total, más privilegios políticos y económicos, y, a continuación, la ruptura de España. Hay otras enseñanzas de esta tragedia: un partido político nacionalista como Coalición Canaria, reclama colaboración y corresponsabilidad al resto de España porque, en el fondo, sabe que los grandes retos se enfrentan mejor juntos que separados. Y la desmembración de los Estados que hoy día ya existen en el mundo globalizado es una medida profundamente reaccionaria.

La inmigración es uno de los retos de nuestro tiempo. Y la solución solo vendrá del análisis riguroso de la situación y de la puesta en marcha de medidas en el ámbito europeo. Y es responsabilidad de los políticos hacerlo, para lo que deben superar su habitual mezcla de pereza, sectarismo e incompetencia. Lo reconozcamos o no, en algunos barrios la inmigración ya es uno de sus principales problemas; y en función de las medidas que se tomen, el problema podría agravarse y convertirse en grave conflicto político e incluso causa de enfrentamiento social, lo cual aprovecharán los extremistas para poner en cuestión el sistema democrático y sacar tajada de la indolencia y la incapacidad de los principales partidos. Pero el problema existe y negarlo es un error, por mucho que la izquierda oficial lo silencie o emplee la demagogia barata para taparlo o para utilizarlo contra sus adversarios. Y no se trata de dramatizar el problema pero sí de encauzarlo antes de que sea demasiado tarde.

Actuar en origen

Según todos los datos oficiales de los que disponemos, la inmigración es necesaria para compensar el saldo vegetativo negativo que sufre España, para mantener los crecimientos de empleo y PIB, para cubrir la falta de empleo en determinados sectores y para sostener el Estado del Bienestar, fundamentalmente el sistema público de pensiones ante una población española cada vez más envejecida. Pero debe ordenarse. Y, desde luego, actuar en origen y exigir a los países de los que huyen que asuman su responsabilidad indelegable en el trato y búsqueda del bienestar de sus propios habitantes; y, por otro lado, impedir que la inmigración desordenada se convierta en un problema de convivencia para los ciudadanos de la Unión Europea; y en algunos lugares ya está pasando. En este sentido, la lucha contra la inmigración ilegal es una exigencia democrática: si es ilegal, no puede aceptarse; y si debe aceptarse, es porque antes es legal. La emigración existe desde que el mundo es mundo y es imposible detener a quien quiere buscar un lugar donde vivir mejor que en el lugar de origen donde malvive. La inmigración es necesaria, pero debe ordenarse sin demagogia y sin populismo. Y, de manera inminente, el Gobierno de España debe atender ya lo que está ocurriendo en Canarias. Su indolencia ante la crisis migratoria es una vergüenza.