ES tarea prioritaria legitimar unas instituciones democráticas contra las que hay una verdadera ofensiva en el País Vasco. No acatar sentencias legítimas y criticar leyes con más rapidez y fuerza que desmanes violentos es una irresponsabilidad siempre; mucho más cuando sectores sociales carecen de una mínima educación democrática.
Las próximas elecciones deben servir para superar el decenio negro en el que entró la política vasca con el pacto de Lizarra. Son dos los principales factores negativos. Uno, la persistencia del terrorismo, con sus diversas expresiones, su entramado social y su fanatismo. Otro, un bloqueo político debido a un Gobierno vasco cuya prioridad ha sido impulsar el soberanismo, promover el nacionalismo vasco en todos los ámbitos, con una gestión ineficaz de los problemas reales, con una coalición mal avenida, en la que algunas consejerías parecían reinos de taifas y con notorios y ridículos afanes de protagonismo. Intentar embarcar a este país en un cambio radical de las bases jurídicas de su convivencia sin negociar previamente unos consensos amplios en el interior de la sociedad vasca y con el conjunto del Estado es una enorme irresponsabilidad, porque es una operación que fractura gravemente a la sociedad, causa frustración y supone una grave pérdida de tiempo, energías e imagen. La campaña electoral del PNV es un reconocimiento implícito de estos graves errores: está silenciando los elementos básicos de la política de su Gobierno y reviste, a todo correr, a su candidato de ‘gestor’ ocultando el papel de líder soberanista que ha asumido constantemente durante dos legislaturas.
Mi sueño es modesto, posible y necesario. Simplemente salir de esta situación de bloqueo, de fractura social y tener un Gobierno de todos los vascos demócratas, cuya principal prioridad sea la defensa de los derechos de ciudadanía, sin pretensiones de imponer -sobre todo con las políticas educativas, lingüísticas y culturales- una identidad étnica homogénea. Las instituciones democráticas se basan en que todos los ciudadanos son libres y gozan de los mismos derechos, y parten de la aceptación y del respeto de la pluralidad de la sociedad. Para ello es necesaria una alternancia en el Gobierno. No se trata de sustituir una imposición por otra ni de dar la vuelta a la tortilla.
Una tarea prioritaria es legitimar unas instituciones democráticas contra las que hay una verdadera ofensiva en el País Vasco. No acatar sentencias legítimas y criticar leyes (por ejemplo, la de Partidos Políticos) con más rapidez y fuerza que desmanes violentos es una irresponsabilidad siempre, pero mucho más cuando existen sectores sociales carentes de una mínima educación democrática. No es bueno que un partido se perpetúe en el poder, porque se anquilosa ideológicamente y crea espesas redes clientelares; en nuestro caso, además, el nacionalismo vasco tiene que renunciar a su esencial pretensión de patrimonializar lo vasco.
Sueño con un Gobierno vasco con capacidad de interlocución fluida en diversas direcciones para superar los abismos creados desde la ofensiva soberanista de Estella. No se puede estigmatizar a ningún sector democrático, menos aún a quienes están amenazados por el terrorismo. Sueño con un Gobierno vasco capaz de liderar la movilización social contra el terrorismo, asignatura pendiente y suspendida por el actual lehendakari, mediatizado por su deseo de acumular fuerzas soberanistas e hipotecado por el apoyo parlamentario del abertzalismo radical.
Sueño con un lehendakari que se rodee de un gobierno que sea un equipo, con autoridad moral, prestigio y peso político (sin premiar las pertenencias partidarias), que supere los sectarismos que tan incómoda hacen la vida de muchos vascos (con frecuencia, además, amenazados), tienda puentes y movilice energías para salir del decenio negro, afrontar la crisis económica y combatir el terrorismo en todos los frentes sin proporcionarle coartadas ideológicas.
Rafael Aguirre, EL DIARIO VASCO, 17/2/2009