Editorial-El Correo

  • La nueva cúpula del Banco de España que el Gobierno y el PP están obligados a acordar con urgencia debe mantener su prestigio y rigor

Mientras los vocales del Consejo General del Poder Judicial siguen sin nombrar a su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo, al no reunir la mayoría requerida en torno a un candidato, el Banco de España mantiene una indeseable interinidad. Pablo Hernández de Cos cesó como gobernador a comienzos de junio al haber agotado un mandato improrrogable de seis años, en el que la institución recuperó el prestigio perdido durante la crisis financiera. Su sustituta provisional, la subgobernadora Margarita Delgado, deja el cargo el próximo 10 de septiembre por idéntico motivo. Se agota, por tanto, el tiempo para cubrir un puesto clave en el entramado económico y acabar con una situación anómala durante la que nuestro país ha carecido de voto en las reuniones del BCE. Aunque la designación del máximo responsable del supervisor y de su número dos corresponde al Gobierno, lo ideal es que sea fruto de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Así ha ocurrido tradicionalmente, pero por desgracia el actual clima político no permite albergar grandes esperanzas al respecto.

El Banco de España tiene entre sus misiones promover el buen funcionamiento del sistema financiero, así como ayudar a definir y ejecutar la política monetaria del BCE. No menos importante es su labor de análisis de los desafíos y vulnerabilidades de la economía nacional para velar por su estabilidad, lo que aconseja una visión rigurosa, con luces largas y no condicionada por los tiempos e intereses del juego partidista. Encontrar para dirigirlo a personas que encajen en ese perfil no debería ser una misión imposible. El último nombre que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa en sus contactos con el PP es el de José Luis Escrivá. El ministro de Transformación Digital cuenta con una solvencia técnica y una trayectoria profesional que le acreditan sobradamente para el cargo de gobernador. Sin embargo, acceder a él desde el Gobierno pondría inevitablemente en tela de juicio la independencia de la entidad, un valor que es preciso preservar para un adecuado desarrollo de su misión.

El frentismo que se ha apoderado del debate político ha dañado la credibilidad de instituciones básicas en el sistema democrático. El Ejecutivo y la oposición tienen en su mano un entendimiento que contribuya a que el Banco de España no se convierta en una nueva víctima de esa peligrosa deriva.