Tonia Etxarri-El Correo
Se veía venir. Ante el estrechamiento del cerco judicial a Begoña Gómez y el silencio de la afectada en las dos citaciones acogiéndose a su derecho a no declarar, el juez Peinado ha decidido citar a Pedro Sánchez en calidad de testigo. Tan silente ante la opinión pública y el Congreso cada vez que se le ha preguntado por las investigaciones sobre presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias que recaen sobre su esposa, al presidente, el próximo 30 de julio, se le presenta una oportunidad para declarar, con datos, que su esposa está libre de toda sospecha. Aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal le exima de declarar contra su cónyuge.
Otros presidentes también testificaron. Pero fue Pedro Sánchez quien pidió a Mariano Rajoy, en 2017, que dimitiera cuando el expresidente fue citado como testigo. La situación se ha dado la vuelta. Cambio de protagonistas. Pero las actitudes de los implicados son bien distintas.
Por encima de las presiones (que son infinitas) y de las injerencias (que son constantes) el juez Peinado sigue decidido a llegar hasta el final en la instrucción sobre las actividades de Begoña Gómez, en condición de esposa del presidente del Gobierno. Y el final no es otro que ver si hay, o no, caso judicial. El juez instructor no acusa, sólo investiga. Y en la fase de instrucción no hay pruebas, solo indicios. Por lo tanto, y a pesar de la campaña de descrédito que está soportando, resulta difícil colgarle el sambenito de que está prevaricando porque la acción de prevaricar se produce cuando se dicta una sentencia o resolución injusta, a sabiendas. Y en esas está el juez Peinado. En tomar declaraciones a testigos que, una vez escuchados, los sitúa en la condición de investigados (imputados) como en el caso del empresario Barrabés o del rector Goyache. El juez quiere saber. Datos. Cómo se creó una cátedra a medida de la esposa del presidente sin tener el título académico necesario. Si se apropió, indebidamente o no, de la titularidad de un ‘software’ que pertenecía a la Universidad Complutense. Los frutos económicos de un presunto tráfico de influencias.
Ante una situación tan delicada como ésta, se puede tomar dos caminos. Asistir, impávidos, a las clases de derecho que últimamente dan los dirigentes socialistas a los jueces que intentan hacer su trabajo (desde el ministro Bolaños hasta Patxi López, pasando por Manuel Chaves) o dejar que los expertos juristas nos instruyan a nosotros, los ciudadanos perplejos.
Si finalmente no hubo nada delictivo, en eso se quedará. No debería suponer un problema para Sánchez comparecer ante el juez aunque los testigos que le han precedido, ahora mismo están investigados. Otros presidentes lo hicieron, sin montar ningún numerito victimista y sin descalificar ni intimidar a los jueces. El presidente está sometido a la Constitución. Como cualquier ciudadano. Artículo 14. Que acuda ante el juez. Sólo tiene que decir la verdad. Lo hizo Barrabés y los representantes de la Universidad Complutense. En su caso, tendrá que hacer un esfuerzo. Eso, sí.