Que el Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido y repleto de colaboradores directos de Pedro Sánchez y de simpatizantes del PSOE se iba a convertir en una burda herramienta política al servicio de La Moncloa, quedó en evidencia muy pronto con una decisión sonrojante. Nada menos que el indulto, sin esa expresión, pero con ese resultado, de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía y los dos condenados por el mayor escándalo de corrupción de la historia española reciente, el de los ERE andaluces.

Ha habido muchos, sin duda, pero en ninguno los delitos y abusos se perpetraron desde las propias instituciones, con dinero público, de manera tan prolongada, en nombre de los parados y con el objetivo de adulterar las elecciones dopando a un partido para instaurar un sistema clientelar tan descarado. Ese alineamiento con las necesidades y urgencias del Gobierno quedó de manifiesto ya con la mera selección de los miembros del Constitucional, comenzando por su presidente, un jurista de sólidos conocimientos, sin duda, pero aún más fuertes lazos políticos, evidenciados ya con Zapatero y desplegados sin límites con Sánchez. Y continuando con exministros, altos cargos de La Moncloa y un listado de magistrados de amplia trayectoria colaboradora con el PSOE.

Con esas premisas y sus primeras decisiones, a nadie puede extrañarle ya que el Constitucional se haya convertido en una especie de cuarta instancia, para la que no está habilitado, y se pretenda adueñar de la última palabra en cualquier asunto, al objeto de enmendar al Tribunal Supremo, que es el verdadero depositario de la capacidad judicial final y definitiva salvo en contadísimos supuestos que afecten a la Constitución.

Ese precepto, que es clave para el correcto funcionamiento del Estado de derecho, se ha ido subvirtiendo con sucesivas injerencias inaceptables, en tiempo récord, y con un desprecio manifiesto por las competencias propias y ajenas.

La inhabilitación de José María Macías para participar en las deliberaciones del TC del que forma parte en todo lo relativo a la Ley de Amnistía es simplemente escandalosa, tanto como la habilitación concedida por Pumpido a sí mismo para lo contrario: se trata de anular una voz prestigiosa y, a la vez, primar otra tendenciosa, con el único objeto de facilitarle a Sánchez el pago de otra extorsión política de Puigdemont, a quien le debe la Presidencia.

Y lo mismo cabe decir de la celeridad para admitir y tramitar los recursos de varios condenados por el «procés», el eufemismo de un golpe institucional contra la Constitución, con el fin de aplicarles una amnistía total rechazada por el Tribunal Supremo y alineada con la resistencia de la Unión Europea a incluir los delitos de malversación en una ley que no solo perdona a delincuentes, sino que además refuerza los objetivos que les llevaron a delinquir y culpa al Estado por tratar de evitarlos o castigarlos.

El enjuague que también se prepara para legitimar el ascenso en la carrera fiscal de Dolores Delgado y la sospecha de que ya se prepara Conde-Pumpido para anular una eventual condena a Álvaro García Ortiz rematan la sensación de que el Tribunal Constitucional se ha convertido, básicamente, en un instrumento de impunidad para Sánchez, su partido, su entorno personal y sus intereses de todo tipo.

Y eso desestabiliza la democracia, ahonda en la deriva autoritaria del Gobierno, legaliza el abuso y refuerza el ansia de inviolabilidad que busca a la desesperada Pedro Sánchez: el desprestigio del Tribunal Constitucional es evidente, e irreversible con esa configuración, pero además es un peligro para el Estado de derecho que hay que denunciar, sin descanso, en cuantos foros sea menester hasta lograr que vuelva a ejercer de lo que es. Ahora es un vulgar despacho de abogados al servicio de Sánchez con unos poderes que no tiene, pero ejerce de manera implacable.