- Nadie cree que este Tribunal Constitucional esté defendiendo la Constitución sino reescribiéndola por la puerta de atrás al dictado del Gobierno y de las minorías que le apoyan
Isabel Perelló, la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, ha conseguido esta semana que el Consejo haya aprobado por unanimidad 36 nombramientos para cubrir otras tantas vacantes en la carrera judicial. Hasta el momento, el comportamiento de Perelló está siendo impecable. Hay que tener mucho liderazgo para proteger a la institución de la abrasiva influencia del sanchismo y ella, de momento, lo está consiguiendo.
La antítesis de Isabel Perelló es Cándido Conde-Pumpido, que ha convertido al Constitucional en el brazo armado del Gobierno a base de cacicadas. Cualquiera es capaz de prever resultado de cada una de sus deliberaciones: 7-5. Siempre el rodillo a favor de los intereses del Gobierno sea cual sea la cuestión que tratar. El contraste entre la conducta de la presidenta del Supremo y la del presidente del Constitucional es tan abrumador que casi parece una fábula moral de lo que significa la independencia o el sectarismo al frente de las instituciones. ¡Ojalá solo fuera eso!
Nadie cree que este Tribunal Constitucional esté defendiendo la Constitución sino reescribiéndola por la puerta de atrás al dictado del Gobierno y de las minorías que le apoyan. Si la Constitución nació del consenso y consagró el consenso, no hay mayor traición a su espíritu que convertir al TC en un agente más de polarización con ese pertinaz, sectario e inexorable 7-5, otra extensión del muro de Sánchez.
En esta deriva hemos llegado a un punto en que la mayoría de izquierdas del Constitucional ya no se conforma con imponer su visión sectaria de la sociedad, sino que funciona como un instrumento más de la campaña de acoso desatada contra los jueces y en tabla de salvación de cualquier imputado cercano al Gobierno. Es el plan que nos anunció el Fiscal General del Estado, García Ortiz, en su declaración judicial de esta semana y que la Abogacía del Estado confirmó un día después: Cándido Conde-Pumpido convertido en el primo de Zumosol de la corrupción. Lo mismo puede anular los ERE de Andalucía, que limpiar la malversación a los golpistas catalanes o desmontar las investigaciones del Supremo sobre la operación de los poderes públicos contra el novio de Díaz Ayuso.
Todo juez que se atreva a investigar al poder en España ya sabe lo que le toca: una lluvia de azufre diaria, como la que padecen el juez Peinado o el magistrado Ángel Hurtado y, al final del proceso, la anulación de la eventual condena por parte del Constitucional. Una justicia que deja de ser independiente para quedar sometida a criterios políticos. Lo de Puigdemont y la amnistía ampliado a cualquier proceso judicial que incomode al Gobierno.
Isabel Perelló tiene ante sí un reto formidable, muy superior a lograr un funcionamiento correcto del CCPJ; mucho mayor que defender a los jueces de las críticas cada vez más agresivas de los políticos o de los tejemanejes de Bolaños. Donde la justicia española se la juega es en su capacidad y determinación para hacer frente a un Constitucional lanzado a una batalla personal y política contra el Tribunal Supremo. Un Constitucional que parece empeñado en darle la razón a quienes acusan a los jueces españoles de prevaricación.