- El Gobierno permite anotarse un tanto a la izquierda abertzale al pactar con ella la reforma de la ‘ley mordaza’ que impulsó el PNV
La anunciada reforma de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ‘ley mordaza’, tiene el simbolismo de desmontar parte de la herencia de la mayoría absoluta del PP, con la que fue aprobada en 2015. Su alto valor político viene dado, además, por haber alcanzado el Gobierno un acuerdo en una materia tan sensible con EH Bildu y ERC al ceder a las mismas exigencias de ambos grupos que rechazó hace año y medio, lo que frustró la propuesta. Las principales son la paulatina eliminación del uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad -la Ertzaintza no las emplea desde 2013, tras la muerte de Iñigo Cabacas- y la prohibición de las devoluciones ‘en caliente’ de inmigrantes. La iniciativa también reduce los actos considerados desobediencias o faltas de respeto a la Policía y rebaja las sanciones por ellos.
El fallido cambio de marzo de 2023 fue impulsado por el PNV. De ahí que Sabin Etxea acogiera con cierta amargura un pacto que, aunque basado en su texto de entonces, según destacó Aitor Esteban, representa un trofeo para la izquierda abertzale, que exhibe así su influencia en Madrid dentro de la reñida competencia que mantiene con los jeltzales y se afianza como el apoyo más sólido de Pedro Sánchez. El Ejecutivo le ha permitido anotarse ese tanto aun a costa del daño de imagen que pueda causarle plegarse a las demandas en el ámbito de la seguridad de una formación que sigue sin condenar el terrorismo de ETA y que, pese a ello, da así un nuevo paso en su normalización política. También del malestar del nacionalismo vasco, al que no ha tratado en este caso como socio preferente y que, aunque respaldará la reforma, quiere introducir enmiendas para mantener «el principio de autoridad» de la Policía porque es «fundamental para el orden público».
Al seducir a las dos fuerzas que tumbaron la propuesta anterior, el Gobierno intenta asegurarse la aprobación de una medida prevista en el Plan de Acción para la Democracia. Necesitará para ello el respaldo de Junts que, ante el protagonismo otorgado a ERC, advirtió ayer que no se adhiere al acuerdo y planteará reclamaciones propias. El hecho de que la ‘ley mordaza’, cuya derogación era prioritaria para Sánchez, lleve vigente el doble de tiempo con él que con el PP tiene una doble lectura: una regulación de ese tipo no se ve con los mismos ojos estando en el poder que en la oposición y satisfacer a todos los aliados a la vez es una ardua tarea, aún por completar.