El Gobierno y Junts han acordado mantener en secreto la identidad del verificador encargado de supervisar el cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen en sus reuniones, la primera de las cuales tendrá lugar en breve en Ginebra, Suiza.

La decisión de mantener en secreto la identidad del verificador, que con casi total seguridad será una organización internacional, supone un insulto añadido a la propia designación de este, así como a la celebración de esas reuniones en un país extranjero.

El absurdo está a la vista. Representantes del Gobierno y de Junts, socios de gobierno que suelen reunirse de forma habitual en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento autonómico catalán, se citarán en Ginebra, un espacio presuntamente «neutral» en un país extranjero.

Como si Junts fuera una organización clandestina sin representación parlamentaria en España y condenada al exilio. Como si España fuera una nación tiránica con cuyo Gobierno sólo pudieran reunirse los opositores en países extranjeros.

A la doble anomalía se suma ahora una tercera. La decisión de mantener en secreto la identidad del verificador que, en última instancia, tendrá en sus manos la capacidad de obligar a los actores a cumplir su parte de los acuerdos. ¿En qué otra actividad humana se mantiene en secreto la identidad de un árbitro con tanto poder?

El PSOE insiste en que el verificador sólo ejercerá labores similares a las de un «notario». Pero en ese caso, ¿qué necesidad hay de que exista ese verificador? ¿Acaso ha hecho falta un verificador para que ambos partidos, PSOE y Junts, firmaran un acuerdo para la amnistía de todos los delitos relacionados con el procés?

Dice el PSOE que el secretismo sobre la identidad del verificador tiene como objetivo «protegerle» y que «lo importante» son en realidad «los acuerdos a los que se llegue». ¿Protegerle de qué amenazas inexistentes?

¿Y qué tipo de «notario» que se limita a dar fe de que las palabras que pronunciaron en la reunión han sido efectivamente las que las partes dicen que se han dicho sufre un riesgo tal que necesite mantener en secreto su identidad?

La decisión de ocultar el nombre del verificador es un atentado contra la transparencia y la buena fe que se le presupone a cualquier gobierno democrático.

El hecho de que PSOE y Junts hayan decidido ocultar ese nombre no sólo no contribuye a generar tranquilidad, sino que incrementa la sospecha de que lo que se va a negociar en esas reuniones es lo suficientemente turbio como para que las partes hayan decidido incrementar su ya inaceptable opacidad.