La sentencia del Supremo sobre el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos representa la demostración palmaria de cómo el ministro Marlaska ha acabado con el prestigio de la carrera del juez Marlaska. Un político que sufre semejante revolcón habría dimitido en cualquier Estado de derecho en cuestión de horas, pero un magistrado que comete la arbitrariedad revocada por el alto tribunal no debería volver a ponerse una toga. Porque no sólo se trata de la destitución arbitraria –subjetiva y sin justificación– de un alto oficial sino de la ignorancia deliberada de que dicho subordinado, en calidad de jefe de una unidad de policía judicial, obedecía el mandato expreso de la instructora de un caso. El juez Marlaska se habría indignado ante una interferencia de esta clase; lo hizo de hecho cuando el chivatazo del bar Faisán estropeó una pesquisa clave, y no dudó en ordenar que la Guardia Civil investigara si el sabotaje podía obedecer a una eventual intromisión de las autoridades. He aquí el triste ejemplo de cómo el poder puede cruzarle a un hombre los cables al punto de empujarlo a deconstruir su propio personaje.

Aun así, podía haber aceptado el revés con la disciplina que él mismo exigía. Ya que no está dispuesto a presentar la renuncia, que en una democracia constituye la única salida digna cuando un dirigente resulta desautorizado por la justicia, al menos envainarse la soberbia y proclamar su acatamiento al veredicto sin reticencias evasivas. En vez de eso se ha mantenido en sus trece y ha lanzado sobre la víctima de su atropello una serie de insidias que de ser ciertas, o incluso sospechadas, debería haber denunciado en su momento por simple responsabilidad política o cívica. Si dispone de indicios de un manejo irregular de los fondos reservados, su obligación era acudir al juzgado de guardia aportando el mayor número posible de datos. Y si no los tiene, o por conveniencia prefiere no revelarlos, está mejor callado. Callado y fuera del cargo.

Mucho pedir cuando el Ejecutivo del que forma parte dictó el confinamiento de toda la población bajo dos estados de alarma que resultaron inconstitucionales sin que pasara nada. Cuando el presidente se ufanó de la irregularidad sugiriendo que los ciudadanos deberían darle las gracias. Cuando cientos de agresores sexuales obtienen reducciones de condena porque el Gobierno desoyó las advertencias de los organismos consultivos sobre una ley nefasta que al cabo de tres meses de escándalo sigue sin ser reformada. Cuando los delitos contra el orden constitucional se suprimen o se rebajan como si el Código Penal fuese un menú a la carta. Qué importará en ese contexto social y jurídicamente tóxico el avasallamiento de los derechos de algún funcionario que otro. El ministro puede encogerse de hombros: la resolución de la Sala de lo Contencioso no es más que un largo ‘zasca’ de veinte folios.