El pasado 10 de noviembre, el PSOE imprimió su sello en un documento que parecía dictado por el prófugo Carles Puigdemont.
El texto, trufado de propaganda nacionalista y exigencias disparatadas, fue una nueva prueba de la política inagotable de cesiones del PSOE ante el insaciable independentismo catalán. Durante años, Pedro Sánchez presumió de mantenerse firme frente a las dos metas más anheladas por los autores del golpe de 2017: un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía.
Pero el camino hacia el primero ya está abierto. Y la proposición de ley para la amnistía está registrada desde ayer en el Congreso.
Lo más llamativo de la proposición es que el PSOE la presentó a solas, sin el respaldo ni la firma de quienes supuestamente son los grandes agraciados de la medida: Junts y ERC. Su ausencia está cargada de significado. En primer lugar, como contamos en EL ESPAÑOL, ERC mantiene sus reservas tras concluir, con razonados argumentos, que esta ley socialista no tiene recorrido legal. Entre otras cuestiones, por amparar las acciones investigadas por terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic.
Como no hay firma de ERC, Junts se mantiene al margen, a pesar de ser el otro padre de una amnistía que, sin motivos ni base legal, y como señaló el PP, elimina «diez años de corrupción» en Cataluña.
En segundo lugar, la soledad del PSOE revela que el principal beneficiario de la amnistía no es Puigdemont, en busca y captura, sino el propio Sánchez, que necesita con urgencia el sí de los siete diputados de Junts para continuar en la Moncloa. A corto plazo, el candidato puede respirar con alivio. Llegará a la sesión de investidura con los acuerdos amarrados. Pero la tormenta vendrá a continuación. Su tercera presidencia nacerá torcida. Su ley de amnistía se enfrentará a las enmiendas de sus propios socios. Y las elecciones europeas pueden asumirse como un referéndum sobre su mandato.
Una amnistía sin base legal
La proposición de ley se ha presentado sin razones para la amnistía. Esto se debe al elusivo y manipulado relato que presenta en su exposición de motivos. El documento establece el origen de las tensiones en 2010, en la sentencia del Tribunal Constitucional que suprimió 14 artículos del Estatut. Nada de eso impidió que el nacionalismo catalán mantuviese sus pactos con el PP. Pero más de una década después sirve para justificar un levantamiento contra la democracia.
Con todo, ni siquiera esto es lo más trascendente. La ley está cargada de lagunas y eufemismos clásicos del independentismo, ahora asumidos en su desesperación por el PSOE.
El texto se limita a mencionar, por ejemplo, el «intenso debate sobre el futuro político de Catalunya [sic]» y las «movilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo». En cambio, los impulsores de la memoria democrática evitan citar la ilegalidad del referéndum. También pasan por alto las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament y el intenso y sostenido desafío de la Generalitat al Estado de derecho, expresado con la desobediencia sistemática de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Esta realidad sólo puede conducir a una pregunta. Si no hubo delitos, ¿qué explicó la intervención de la Justicia? Es más: ¿actuaron los jueces únicamente por la insatisfacción manifestada en marchas cívicas que reaccionaron a una sentencia del Constitucional? Es evidente que no. La ley absuelve precisamente lo que omite. Todos los eventos delictivos orquestados y avalados por la Generalitat.
El texto tampoco es solvente desde el punto de vista legal. El ministro Félix Bolaños presumió en rueda de prensa de una ley «impecable» y «constitucional», «sin ningún tipo de dudas». No es lo que piensan los diversos catedráticos consultados por este periódico. Y no era lo que argumentaban sobre la amnistía, antes de conocer los resultados electorales de junio, los distintos jueces que pasaron por este Gobierno.
También declaró Bolaños que los españoles que lean esta proposición de ley podrán «mirar al futuro con tranquilidad». Pero este PSOE ni siquiera es capaz de tranquilizar a cientos de históricos y militantes. El último en confesarlo ha sido Josep Borrell, que no ha ocultado sus «preocupaciones» tras conocer los pormenores del texto. Esas mismas preocupaciones sobre la ley se verán reflejadas en otras voces, con toda probabilidad, a su paso por el Senado, el Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si se da el caso.
La exclusión penal de la amnistía
El PSOE recurre a un amplio catálogo de pretextos para defender la legalidad de esta amnistía. Incluso apela a que sería legal en otras democracias europeas, con Constituciones distintas a la española. Pero la falta de base llega hasta el extremo de que el PSOE tiene que recurrir a una modificación del artículo 130 del Código Penal para incorporar la amnistía entre las causas de extinción de la responsabilidad.
¿Por qué no lo estaba hasta ahora, a diferencia de los indultos? ¿Por qué nadie contempló en más de cuarenta años que, teniendo la amnistía cabida en nuestra Constitución, debía incluirse entre las causas de exclusión penal?
Podrán difundir desde Ferraz que la ley es «imprescindible» para el país y perfectamente «constitucional». La sociedad y los tribunales juzgarán, a su tiempo, cuánto hay en cada afirmación de cierto. Pero lo que reina entre tanto es la sospecha justificada de que el Estado de derecho sólo es una molestia entre los propósitos de desconexión de los socios nacionalistas del PSOE y los deseos de continuidad de su candidato.