Una filtración que supuso un menoscabo del prestigio de la propia Fiscalía General, obligada a respetar los principios de legalidad e imparcialidad. García Ortiz, señalado también por el instructor por haber borrado de forma deliberada sus dispositivos móviles presumiblemente para dificultar la investigación, queda en una situación límite, por mucho que insista en negarse a dimitir y que le arrope el Gobierno de Pedro Sánchez. Al igual que Moncloa, acusada de estar detrás del soplo dando «indicaciones» para «ganar el relato» en horas «frenéticas».

Defender contra viento y marea la presunción de inocencia del fiscal general como ayer reiteró el mismo ministro de Justicia supone avalar lo que a todas luces es una mala praxis de consecuencias delictivas. Aunque el fin último fuera contrarrestar el bulo difundido por el entorno de González Amador sobre un pacto ofrecido por la Fiscalía que no existió, los poderes públicos cometerían un error sin precedentes si se saltan todas las líneas rojas de la legalidad para imponer su ‘verdad’.

La Justicia es la única capacitada para valorar a su debido tiempo los dos delitos contra la Hacienda pública reconocidos por el empresario, a cambio de un acuerdo que le permitiese rebajar la pena para eludir la cárcel. Pero hacer frente a lo que Sánchez denomina ‘la máquina del fango’ con más fango es degradar el papel del Ministerio Público y de la propia Presidencia, ambos involucrados en el escándalo junto a la fiscal provincial de Madrid. Los responsables institucionales deben ser extremadamente cuidadosos en el debate público sobre el caso para no dañar el equilibrio entre los poderes del Estado.