EL MUNDO – 06/05/15 – EDITORIAL
· Hay que felicitarse de que el Gobierno, por fin, haya decidido actuar contra la política de inmersión lingüística impuesta por la Generalitat de Cataluña para impedir la enseñanza del español en las escuelas. El recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Educación, es la primera iniciativa gubernamental para combatir una política de hechos consumados que margina a los alumnos que quieren recibir su enseñanza en castellano.
Actuando de manera que bordea la prevaricación, el Ejecutivo soberanista de Artur Mas viene impidiendo el uso ordinario del español en las aulas catalanas sustituyéndolo por una atención individualizada que, además de discriminatoria, incumple la obligación legal de garantizar la utilización del castellano como lengua vehicular en una proporción razonable. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas en las que existen dos lenguas cooficiales, en los colegios públicos y concertados de Cataluña no está garantizado el bilingüismo, ya que sólo se imparte en español la asignatura de Lengua Castellana, que recibe el mismo trato que un idioma extranjero. Por esta razón, el recurso pide al Tribunal que actúe de forma cautelar para hacer efectivo el derecho de los alumnos matriculados para el próximo curso a poder elegir la lengua en la que quieren estudiar.
Pero la iniciativa del Gobierno, que marca un punto de inflexión en su hasta ahora tolerante política frente a la provocadora actitud de la Generalitat, recoge expresamente que se imparta en castellano al menos un 25% de las horas efectivamente lectivas en cada curso, como ya estableció en anteriores sentencias el TSJC, incumplidas reiteradamente por la Generalitat. Ese porcentaje del 25% obligaría a los centros educativos a impartir de manera colectiva, no individualizada, en español una asignatura troncal, además de la Lengua Castellana y la Literatura. El pasado mes de enero, el mismo TSJC ya resolvió que la Generalitat indemnizase con 3.000 euros a una niña a la que se impidió durante dos cursos de Primaria recibir las clases en castellano. Ninguna indemnización puede resarcir de la privación de un derecho fundamental, sobre todo cuando se ha hecho de manera consciente y por motivos ideológicos, pero aquella sentencia, igual que este recurso, suponen un espaldarazo moral para quienes quieren impedir el rodillo nacionalista en Cataluña.
En 2010 el Constitucional fijó que se debía garantizar la «presencia vehicular del castellano», pero el Govern eludió el fallo: primero dejando en manos de los centros la estimación de esa «proporción»; después, ofreciendo una «atención individualizada», decisión tumbada por el Supremo en 2013; finalmente, dilatando la resolución de cada caso con la interposición de recursos. Mas ha demostrado su voluntad expresa de hacer de la lengua un pieza clave de su proyecto independentista. Aunque tarde, movido por la urgencia electoral y espoleado por los buenos réditos que le da a Ciudadanos la defensa del castellano en Cataluña, el Gobierno parece dispuesto a poner fin a una política más propia de regímenes que anteponen la identidad a la libertad.
EL MUNDO – 06/05/15 – EDITORIAL