Nadie diría, visto el desarrollo de la campaña electoral autonómica catalana, que las elecciones de mañana serán clave para el futuro de nuestro país.

Y no sólo porque sus resultados determinarán el equilibrio de poder en la Cataluña de los próximos cuatro años. Sino porque también tendrán impacto en las posibilidades de supervivencia de Pedro Sánchez y en sus equilibrios parlamentarios en el Congreso.

La atonía de la campaña electoral, que ha sido tan de guante blanco como intrascendente, por no decir anodina, es principalmente consecuencia de dos hechos que han monopolizado la atención pública durante las dos últimas semanas.

El primero, el «proceso de reflexión» de Pedro Sánchez y sus consecuencias, que centraron todas las conversaciones durante la primera semana de la campaña.

El segundo, la oferta de fusión y la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, que han monopolizado la atención de los medios durante la segunda semana.

¿Habría mostrado la campaña electoral algo más de pulso si no se hubieran producido esas dos noticias?

Es probable, aunque también hay razones para dudar de ello.

Ejemplo de esa falta de pulso es el hecho de que la amnistía concedida por el Gobierno a los líderes del procés, la decisión más polémica y divisiva de la legislatura, ni siquiera ha hecho acto de presencia en la campaña.

Que la amnistía sólo haya sido mencionada por los partidos independentistas, y únicamente como ejemplo de que un referéndum de independencia es factible dado que todo lo que el PSOE califica de «imposible» acaba siendo aprobado a la larga, demuestra que ni el PSC ni el PP creen que haya votos en esa piscina demoscópica.

Demuestra, también, que la amnistía, una decisión que tendrá consecuencias evidentes en la confianza de los ciudadanos en las instituciones, ha sido asimilada como parte del paisaje incluso por aquellos que deberían liderar la oposición a ella.

Pero la omisión es más flagrante en el caso del PP, que es el líder de la oposición y que debería haber enarbolado la bandera del constitucionalismo y del Estado de derecho, convirtiendo la amnistía en uno de los ejes de la campaña.

Pero no ha sido así, para sorpresa de un PSC al que ni siquiera le ha hecho falta recurrir al argumentario que tenía preparado para el caso de que el PP le atacara con este tema.

Y es que era a Salvador Illa, que lideraba todos los sondeos, al que le convenía esa campaña de perfil bajo que el PP ha concedido gracias a una dubitativa campaña.

Y aunque pueda haber un motivo estratégico para esa decisión de los populares, parece inevitable interpretar ese «olvido» del PP como una evidente falta de confianza en sus posibilidades de marcar la agenda del debate público.

Algo preocupante en un partido que aspira a la Moncloa.

El resultado ha sido una campaña en la que sólo las bravuconadas de Puigdemont, junto con las de Vox y de Aliança Catalana, se han salido de los márgenes de un debate que, a ratos, ha recordado al «oasis catalán» del que presumía la CiU de Jordi Pujol.

Pero ni la Cataluña de los años 80 y 90 era el oasis que pretendía CiU, ni lo es desde luego la Cataluña de 2024.

Los ciudadanos catalanes lo comprobarán a partir del próximo lunes, cuando unos resultados que los últimos trackings parecen insinuar más ajustados de lo previsto deriven en unas negociaciones en las que los principales partidos ya no tendrán motivos para esconder sus cartas.

Con la victoria de Salvador Illa asegurada, salvo sorpresa mayúscula, las principales incógnitas a despejar serán tres.

¿Conseguirán los partidos independentistas una mayoría absoluta que no pase por Aliança Catalana?

¿Cómo afectará la disputa entre Junts y ERC a los pactos de Sánchez en el Congreso de los Diputados?

¿Cómo se resolverá la batalla entre PP y Vox, y qué consecuencias tendrá esta en el escenario nacional?

A sólo unas horas de las elecciones, lo único que parece claro es que los partidos constitucionalistas han perdido una excelente oportunidad de marcar la agenda del debate en la Cataluña posterior al procés.