Cierto que las generalizaciones son siempre peligrosas, pero aparte de los problemas técnicos que suscita, creo que, al igual que la propia ley de la que nace, la creación de la comisión responde a la obsesión de algunos por desenterrar a los muertos y, lo que es peor, por reavivar un cainismo que creíamos superado desde la Transición, aquella obra política maestra que consistió en pasar de la dictadura a la democracia sin caer en el revanchismo ni enrojecer el paisaje. Decir que entre las tareas de los comisionados figuran «la búsqueda, localización, exhumación e identificación de las víctimas de franquismo» evidencia la obstinación de algunos porque la España de hoy siga caminando sobre las cenizas de la Guerra Civil. Como el historiador Bartolomé Bennassar escribió en ‘El infierno fuimos nosotros’, «hay que evitar contar dos veces los mismos muertos».

Podrán darse las explicaciones y excusas que se quiera, pero que esa singular comisión tenga por misión estudiar las violaciones de derechos hasta un año después de la llegada al poder de Felipe González, hace pensar que en esa época se cometieron delitos que quedaron impunes porque nuestra democracia era débil, imperfecta y tolerante con el crimen. La ley de Memoria Democrática en este punto, al igual que en otros, no oculta su descarada intención de sentar una verdad oficial sobre la Guerra Civil y el franquismo, otorgando al Estado el derecho de interpretar de forma exclusiva el pasado. De ahí que lo primero que tendría que hacerse es meditar con serenidad y, después, expresar sin miedo, si acaso la ley no pivota sobre el gran sofisma de que la sociedad española tiene una deuda pendiente con las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Como Joaquín Leguina dijo cuando la norma era un proyecto, al fin y al cabo «el objetivo último de esta barbaridad es tener abierto el enfrentamiento entre españoles y, de paso, acabar con la Transición, que representó, antes que cualquier otra cosa, la reconciliación nacional».

Es cierto que ante sucesos dramáticos las víctimas tienen necesidad de hacer memoria para buscar justicia. Pero también las hay que procuran el olvido para hacer posible la convivencia. Por eso, precisamente por eso, las políticas de reconciliación son contrarias a las políticas de recuerdo. La memoria no puede ser democrática y quienes recuerdan son los individuos, no los pueblos. Esto es lo que se proclamó en el Edicto de Nantes de 1598 que puso fin a las dramáticas guerras de religión: «La memoria de todos los acontecimientos ocurridos queda extinguida, como si esas cosas no hubieran sucedido». Frente a la guerra de memorias es necesario elaborar una historia objetiva, justa, compartida, única aceptable por una democracia.

El calendario es una máquina que no se cansa jamás y el recuerdo de aquella tragedia no es la vida, sino su espejismo y, en consecuencia, una inservible herramienta política. Lo pasado, pasado está y de nada vale resucitar lo que ya es carne de archivo. Rastrear, una y otra vez, aquellos sucesos que bañaron a España en sangre y nos traumatizó a todos, me parece un síntoma grave, si bien más grave aún resulta el diagnóstico, pues mucho me temo que el problema rebase los cauces históricos y los jurídicos, para entrar en los de una mentalidad que no acaba de madurar.

Con muy certeras palabras, Albert Camus distinguía entre quienes hacen la historia y quienes la sufren. Para mí, los segundos son los que la empujan y pasan a engrosar sus capítulos no más que en letra minúscula y diminuta. En la orilla de enfrente están los que se afanan en innovar una historia a base de remover el vertedero o la fosa común. Son, sin duda, los que viven del presupuesto y alimentan las páginas de pasquines y folletos que alguien acaba por creerse. La materia prima de la historia es el hombre en carne y hueso y no debe ser mercancía objeto de manipulación, sino aguja de marear para futuras singladuras.

Por eso estoy en contra de quienes se empeñan en reescribir la historia a base de brochazos desdichados y aun delirantes. En algún momento debemos decir ¡basta!, aunque todavía haya algunos que, por desgracia, piensen que nunca corrió bastante dolor. Allá los nostálgicos con ademanes justicieros. Afortunadamente somos muchos los que nos negamos a participar en la agria locura de hacer memoria de aquella media España contra la otra media y propugnamos enterrar de una puñetera vez esa calamidad que acabó hace 87 años. El olvido, trascurrido ya ese más que prudente plazo, es la terapia más recomendable. No se trata de volver la espalda a la historia, sino de asumirla y digerirla conscientemente. En política quien mira para atrás y a destiempo acaba convirtiéndose en estatua de sal, como la mujer de Lot.

En fin. El pueblo español estuvo siempre a mucha distancia de los políticos y ha sido el histórico pagano, a un precio demasiado costoso, de los dislates de sus gobernantes. No nos cansemos en declarar lo que es indubitado. En estos momentos los españoles estamos en una coyuntura histórica capaz de borrar las mil telarañas de aquel incivil enfrentamiento y no tenemos necesidad de volver la cara y rememorar los dolores pretéritos, sino de mirar al frente y caminar por la sosegada y eficaz senda iniciada con la Constitución de 1978, en la que las sugerencias extravagantes quizá suenen demasiado a sepulcro blanqueado. Para confundir al personal basta con montar una tarima y poblarla de personajes ruidosos con ganas de jugar con las cartas del trilero.

Lo dijo Camilo José Cela: lo malo no son los muertos en las fosas, que lo son, sino los vivos paseándose con los cadáveres a cuestas o debajo del brazo. Y que cada uno haga examen de conciencia.