A Pedro Pacheco, histórico alcalde de Jerez durante seis mandatos, le cayeron cinco años y medio de prisión por enchufar a dos miembros de su partido como asesores del Ayuntamiento. Entró en la cárcel pese a un pliego de peticiones de indulto firmado por más de cinco mil vecinos, y cumplió más de tres años sin salir de permiso porque en un registro de su celda le encontraron un crucifijo que excedía en unos centímetros el tamaño permitido. Luego sufrió otro par de condenas menores, por irregularidades de carácter administrativo, y salió absuelto de un último juicio. El delito que lo puso entre rejas –y también, por cierto, el que envió a otra alcaldesa jerezana, socialista, a presidio– era el de «prevaricación y malversación continuada», exactamente el mismo que pesa sobre los responsables de los ERE en el ámbito político.

La cantidad defraudada en los sueldos de aquellos enchufados ascendió a 206.000 euros, que el condenado reintegró enteros. Y el argumento (cierto) con que sus defensores criticaron la dureza del veredicto fue –¿les suena?– el de que el regidor no se había llevado ni un céntimo. En la sentencia sobre la pieza política de los ERE dictada por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019, ratificada ahora por el Supremo, se cifra en 680 millones el total del ‘fondo de reptiles’ viciado por la ilegalidad del procedimiento. Ni uno solo ha sido devuelto.

Ni se devolverá porque tanto la justicia como la Junta han renunciado en la práctica a la vía de la responsabilidad civil ante la dificultad de distinguir el destino final de las ayudas. Es decir, qué parte se llevó la trama intrusa –comisionistas, aseguradoras, sindicalistas, altos cargos o familiares y militantes del PSOE– y cuánto se usó para pagar prejubilaciones justas. Tanto en uno como en otro caso está fuera de cualquier duda que el dinero procedía de una partida presupuestaria oculta, manejada con discrecionalidad, sin control ni supervisión preceptiva alguna. Partida que además en ocasiones se agotaba por el exceso de subvenciones arbitrarias y requería nuevas inyecciones financieras –firmadas por el consejero de turno– para rellenarla. Tan evidente era el apaño que el propio Gobierno andaluz lo rectificó sin problemas cuando saltó el escándalo y siguió sufragando expedientes de crisis… por el método reglamentario. Ya es sorprendente que el anterior rigiese durante una década sin que nadie viera en él nada raro, salvo el interventor que formuló quince avisos sin ser escuchado.

Pero el Partido Socialista, con Sánchez al frente, lleva una semana reclamando la inocencia de los dirigentes que consintieron el descomunal saqueo. A veces, contra lo que sostiene el tópico, lo odioso no son las comparaciones sino los hechos. A la vista de los acontecimientos se queda corta la célebre frase de Pacheco. La política, cierta política al menos, es un cachondeo.