Al caer la noche, el perímetro del parque del Retiro se convierte en un lugar inhóspito e inquietante. Los coches se cruzan sin verse y las parejas se escabullen, barrio de Salamanca adentro. Salvo los homeless, que dormitan en la esquina de O’Donnell bajo capas de cartón, no queda ningún testigo… Profesionales, furtivos, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se apostan junto al número 89 de la calle Alcalá, un edificio burgués de ladrillo con balcones de hierro forjado y simpáticos miradores. Visten de paisano y les acompaña un secretario judicial. Miran hacia los lados y hacia arriba. La pastelería del lisboeta Carlos Brazo —«la mejor tarta de chocolate del mundo»— está cerrada a cal y canto. El edificio, muerto. Rápidos, con la ayuda de una ganzúa, fuerzan el portal. Suben hasta el piso donde ejerce como abogado el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y repiten la maniobra. Entran en las oficinas. Acceden hasta su despacho. Ocultan uno o varios micrófonos y, con el mismo sigilo con el que han llegado, se van.
Las escuchas en el despacho de González han sido una mina. Jurídica y mediática. El juez las ha utilizado para construir su caso –Velasco instruye a base de grabaciones–, y los medios, para ganar crédito y share. No ha habido una mañana sin un fragmento de conversación difundido en exclusiva. Uno implicó al ex ministro Zaplana. Otro comprometió al fiscal Anticorrupción Moix. El tercero salpicó al ministro Catalá. El cuarto reventó la comparecencia parlamentaria del secretario de Estado de Seguridad. Y lo que queda por filtrar. A juzgar por la cantidad de horas de conversaciones grabadas, el periodismo está salvado. Otra cosa es el Estado.
La colocación de micrófonos ocultos es una medida poco ortodoxa. Excepcional. Más restrictiva aún de los derechos fundamentales que un pinchazo telefónico en cuanto que afecta no sólo al secreto de las comunicaciones sino también a la intimidad. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 la autoriza. Pero de forma acotada. Lo ha señalado el penalista José María de Pablo en su blog.
Para instalar un dispositivo clandestino en una vivienda u oficina, un juez está obligado a dictar un auto previo con detalles concretos: ¿qué reuniones quiere escuchar? ¿entre qué personas? ¿qué indicios tiene de que dichos encuentros van a producirse? ¿qué temas se van a tratar? ¿y por qué son relevantes para la investigación? Un juez no puede autorizar la colocación de un micrófono como quien tiende una red en el mar, a ver qué pesca. Hacerlo es arriesgarse a que una instancia superior anule la prueba.
A la espera de conocer cómo motivó Velasco su decisión, la instrucción del casoLezo es un síntoma. Estamos asistiendo a una garzonización del proceso penal en España. Grabaciones al por mayor. Instrucciones chapuceras. Atestados policiales convertidos automáticamente en autos, sin el filtro crítico que todo juez debe al investigado y a sí mismo. Imputaciones de quita y pon. Registros a posteriori y para la galería. Autos difundidos vía tuit antes de notificar a las partes. Prisiones provisionales de 30 meses. Festival de filtraciones. En definitiva, el abuso de la excepcionalidad en un clima de alarma social.
La Audiencia Nacional está aplicando contra la corrupción criterios y técnicas hasta ahora reservados a la lucha antiterrorista. Y más allá. De la colocación de micrófonos en despachos hay pocos precedentes. Es una medida excepcional dentro de la excepcionalidad.
Habla un abogado dedicado a la lucha contra ETA: «En todos mis años de ejercicio en la Audiencia Nacional no he asistido a un solo juicio en el que se haya presentado como prueba las grabaciones realizadas en una vivienda o despacho. Lo más parecido es el micrófono en el coche del Faisán». Y los que Herri Batasuna descubrió en su sede de Vitoria, chapuza del CESID. Y qué decir del viaje nocturno de Jordi Pujol Ferrusola: de la cárcel de Soto del Real a Barcelona y de ahí a Zuera. Ni a Canivell llega Junior. Un Ternera cualquiera.
La equiparación de la corrupción con el terrorismo exige asumir determinadas premisas. La primera es que la corrupción pone en jaque el ordenamiento constitucional, la paz pública o la seguridad nacional. La segunda es que su persecución justifica la limitación de garantías básicas de un Estado de Derecho. Aquí es donde asoma, rauda y estridente, la hipocresía de un sector de la izquierda. Los mismos que claman contra la aplicación de medidas excepcionales a los terroristas –«¡abajo el derecho penal del enemigo!»– jalean ahora la excepcionalidad frente a los presuntos corruptos. El arrebato de Irene Montero en Onda Cero: «¡Vivan los jueces! ¡Viva la Guardia Civil!» Se ve que el terrorismo tiene razones que la corrupción desconoce. Y eso que la corrupción también es una sórdida desviación de la política.
Tampoco los fiscales acaban de encontrar su sitio en esta nueva España justiciera. Son siempre personajes en busca de autor. Quieren ser instructores. Libres como Velasco. A este problema identitario se añade un malentendido: muchos fiscales han confundido la búsqueda de la verdad con la búsqueda de la culpabilidad. Un abogado defiende, pero un fiscal no necesariamente acusa. Su responsabilidad es otra. Y en tiempos populistas doblemente crítica. Pero pocos parecen dispuestos a asumirla. Acusado de complicidad con el reo González, con el que jamás ha tenido una relación personal, el fiscal Moix respondió exhibiendo las muescas de su imparcialidad: «Pujol, otra vez Rato, ¡hasta Montoro!… Todos bajo mi mandato». Cuando la acusación se convierte en prueba de inocencia el derecho acaba del revés.
El espectáculo de la Fiscalía –fiscales han acusado, y han alentado que los periódicos acusen, a sus superiores de connivencia con malhechores– es insólito. Esto ya no es el viejo drama de la Justicia, su insoportable politización. Es el sálvese quien pueda mediante el acúsese sin pruebas. Estamos ante una pérdida de autoridad moral del Estado, resultado de la convergencia de los manotazos del Gobierno con el populismo judicial y la tiranía del share. Curiosamente, en el caso de la Fiscalía, el origen del descrédito no es su actitud ante la corrupción sino ante la secesión. Fue en Cataluña, el 9–N, donde el Estado se traicionó a sí mismo. El fiscal de guardia empezó por inhibirse y el fiscal general acabó por dimitir ante las oscilaciones tácticas del Ejecutivo. Vino luego la renuncia de Consuelo Madrigal entre informaciones, nunca desmentidas, de que se había negado a avalar determinados nombramientos. El resultado es que el fiscal general Maza y el fiscal Anticorrupción Moix son hoy dos juguetes rotos, carne de reprobación.
En cuanto al share, basta preguntar a Atresmedia o Mediaset por los efectos del reciente registro en directo de la casa de Ubú President. La corrupción es una anfetamina televisiva. Y la televisión es el marco donde los políticos construyen hoy sus relatos. Qué más le da a Iglesias que su moción de censura fracase en el Parlamento. El paradigma Sexta es suyo. Cuántos políticos, nuevos o viejos, se atreven a criticar los abusos justicieros. Y cuántos medios hacen un esfuerzo por distinguir entre la conjetura y el hecho. En este Tangentópolis ibérico, hay más ganas de subirse al Tramabús que de preservar la verdad.