El lehendakari Urkullu criticó ayer la decisión del Gobierno Ayuso de rebajar de nuevo el tramo autonómico del IRPF calificándolo de «’dumping’ fiscal» respecto a otros territorios. Medida que además respondería a «un modelo social e ideológico» de consecuencias negativas para los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Se trata de un cuestionamiento sin precedentes de la actuación de otro Ejecutivo autonómico, perfectamente legítimo pero no exento de contraindicaciones para el Gobierno de Euskadi. El liberal-populismo es un hallazgo genuino de la derecha española que afloró con la fragmentación del arco parlamentario a partir de 2015 y que ha enraizado especialmente en Madrid con las elecciones de mayo de 2021. Una corriente que conecta con la etapa de Esperanza Aguirre y que se agudiza con el auge de Vox. Pero aunque los anuncios de Isabel Díaz Ayuso suenen a liberal-populistas, resulta más discutible que su iniciativa tributaria contravenga la deseable armonización fiscal en España y en la Unión Europea como para que pueda ser impugnada. Si acaso obligaría a reajustar los flujos financieros entre la Hacienda central y la madrileña. Lo que a su vez alimentaría el victimismo ‘ayusista’ frente al debate sobre el Estado del bienestar en la Comunidad de Madrid.

Aun más problemática resulta la acusación de ‘dumping’ por parte del lehendakari, no solo porque ello deja en evidencia la indisposición jeltzale a alejarse de la fiscalidad española en virtud de la singularidad del Concierto. Sobre todo porque la confrontación escenificada ayer conduce al examen sobre los privilegios de que dispone cada autonomía como ventaja respecto a las demás. Aun imputando a Madrid los beneficios de la capitalidad institucional, de su centralidad geográfica, del diseño radial de las redes de comunicación, incluso de su conspicua liberalidad, el contraste propuesto conduciría si acaso a situar a Euskadi como la segunda comunidad con más ventajas en el mapa autonómico. El sistema de Cupo entraña riesgos hipotéticos para la suficiencia de la Hacienda vasca que nunca se han hecho realidad. Además Euskadi se beneficia de las inversiones del Estado al margen del Cupo, gracias especialmente a los gobiernos en minoría de España, y enjuga cada mes el déficit entre cotizaciones y pensiones a cuenta de la Tesorería General y de la Hacienda española. Nadie en su sano juicio denuncia su privilegiada situación. Pero al señalar el ‘dumping’ madrileño Euskadi se arriesga a que, también legítimamente, cualquiera pueda enjuiciar los flujos financieros que nos benefician y la ineficiente gestión que hacemos de tales ventajas. Del gasto por habitante o por beneficiario en sanidad, educación o servicios sociales.