La mayoría del Congreso rechazó ayer la convalidación del real decreto que obligaba a los ayuntamientos más saneados a ceder al Gobierno los ahorros que no pueden gastar por impedimento legal a cambio de su devolución en diez años y de la distribución de ayudas a fondo perdido por valor de 5.000 millones para compensar los gastos derivados de la pandemia. El Ejecutivo encajó así su primera gran derrota parlamentaria al verse abandonado por todos sus socios habituales, salvo el diputado de Teruel Existe. Se trata de un serio toque de atención ante la incierta aprobación de los Presupuestos. La suficiencia con la que se ha comportado en esta controvertida iniciativa no se corresponde con su debilidad en las Cortes Generales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no supo encajar de buen talante el revés al negarse a presentar un nuevo decreto para la financiación de los municipios y emplazar a los grupos que votaron en contra a que presenten alguna proposición al respecto. Es una cerrazón inadmisible por parte de un Gobierno que hasta ayer se mostró incapaz de abrirse al diálogo con la mayoría de los ayuntamientos de España y con partidos distintos al PSOE y Unidas Podemos. Una reacción que pondría en entredicho la sinceridad de las llamadas a la «cogobernanza» entre las distintas administraciones en las que se ha prodigado Pedro Sánchez.

Los ayuntamientos han llegado a sumar 14.000 millones en remanentes que no pueden utilizar según la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente desde 2012, que desarrolla el cambio del artículo 135 de la Constitución acordado por el PSOE y el PP. Mientras, se enfrentan a muy serios problemas de liquidez, que en algunos casos se venían arrastrando desde la crisis anterior y que se han generalizado con la pandemia. La mayoría de ellos y del Congreso rechazó ayer la mala solución que les ofrecía el Ejecutivo. Es cierto que ahora no tienen ni eso. Pero, llegados a este punto, el Gobierno no puede eludir su obligación y ha de procurar el acuerdo con tan abrumadora disidencia. Debe hacerlo de inmediato si no quiere ser responsable de la desatención de muchos servicios públicos locales que resultan esenciales para tantas personas. Asegurar una financiación de urgencia a los ayuntamientos se hace imprescindible, aunque para ello haya que proceder a una modificación puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.