Una docena de presos disidentes de ETA disfruta de permisos

Un total de once reclusos que han roto con ETA y han realizado una crítica sobre su pasado violento disfruta en la actualidad de permisos carcelarios. Así lo aseguró ayer el juez de Vigilancia Penitenciario, José Luis Castro, durante su intervención en unas jornadas convocadas por el Gobierno vasco en Madrid y celebradas en la Universidad Complutense de la capital. El magistrado, que advirtió que debe decidir aún sobre el caso de otro recluso, no quiso dar excesivos detalles, pero sí advirtió que se trata de medidas «ordinarias» de las que se beneficia «sólo» a los reclusos de ETA que se han acogido a la denominada ‘vía Nanclares’.

Castro precisó que todos ellos han cumplido unos requisitos «rígidos» y «más propios de un tercer grado». Citó que los presos beneficiados por estos permisos han cumplido al menos la mitad de su condena, han comenzado a atender la responsabilidad civil de sus acciones, han mostrado «arrepentimiento» y se han abierto a colaborar con la justicia. En esta relación figurarían antiguos dirigentes de la organización terrorista como Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola y Valentín Lasarte. Todos ellos han podido disfrutar de días de permiso, ya que han expresado por escrito su renuncia a la v iolencia. Urrosolo y Gisasola han sido, de hecho, en los últimos años muy críticos tanto con ETA como con el colectivo oficial de reclusos, el EPPK, a los que exigen que asuman el daño causado.

La concesión de estos permisos no ha sido, sin embargo, automática. Instituciones Penitenciarias ha denegado muchas de las solicitudes y han tenido que ser tanto el juez de Vigilancia Penitenciaria como la propia Audiencia Nacional los que dictaran resoluciones en los que se autorizaran esos días de libertad. Uno de los últimos correspondió a Urrosolo, que pudo estar seis días fuera del centro penitenciario de Zaballa, en Álava.

Todas estas decisiones se han encontrado con la más enérgica protesta de asociaciones de víctimas como la AVT. Castro, que intervino en el curso de verano ‘El fin de ETA y la recuperación de la convivencia en el País Vasco: temas pendientes’, reconoció que los damnificados por el terrorismo «no pueden marcar» las decisiones penitenciarias. Sí se mostró convencido de que todas las resoluciones que se vayan a tomar sobre esta materia no deben llevarse a cabo «a sus espaldas y sin contar con ellas». Recordó, en este sentido, que han sido muchos los años en los que las víctimas han sufrido una «total ignorancia».

Peticiones de acercamiento
El magistrado habló también de los recursos que han comenzado a presentar los presos de ETA para que se les traslade a cárceles cercanas al País Vasco. Aseguró que en su juzgado «no se ha recibido una sola solicitud», aunque reconoció que desconoce si esos recursos se han podido tramitar ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo. Castro salía así al paso de las manifestaciones que han efectuado en las últimas semanas los abogados que representan a los reclusos englobados en el EPPK. Los letrados han explicado en diferentes ruedas de prensa que Instituciones Penitenciarias han denegado todos los traslados pedidos, por lo que han decidido abrir la vía legal y que sean los tribunales los que decidan qué se debe hacer. Castro hizo un guiño al colectivo al advertir que, en su opinión, el acercamiento a prisiones vascas o la concesión de determinados permisos no pueden ser considerados «un beneficio», sino «más bien derechos» de los internos, recogidos en el ordenamiento jurídico.

Sobre la concesión de la libertad condicional a Asier Arronategi, preso de ETA que se ha desvinculado de la banda y que ha suscrito un documento ante notario en el que muestra su arrepentimiento, el juez dijo que «no quedaba más remedio» que permitir la salida de prisión del recluso porque cumplía «todos» los requisitos. «Lo marca la ley», insistió el magistrado. Arronategi firmó una declaración en la que repudiaba la violencia, condenaba a ETA y pedía perdón a las víctimas.