EDITORIAL EL MUNDO – 11/12/16
· Cuando al fin parece que puede llegar el ocaso de la tan nefasta tradición política española de manipular la Educación como arma electoral –así lo demuestra la voluntad unánime de los partidos constitucionalistas de alcanzar el ansiado pacto nacional–, vuelven a aflorar ideas que verdaderamente pretenden mejorar el sistema. Hoy desvelamos en nuestras páginas que la nueva prueba de acceso a la Universidad tendrá, al menos, un 70% de contenidos comunes en toda España.
Es decir: según el último borrador de la orden ministerial sobre este examen, al que hemos tenido acceso, la mayor parte de los conocimientos de los que se deberán examinar los alumnos de 2º de Bachillerato que deseen estudiar una carrera serán consensuados por el Ministerio de Educación. Si finalmente se diese luz verde a este proyecto, significaría empezar a ponerle coto al excesivo poder que tienen las comunidades para condicionar dicha evaluación y que tantas desigualdades provoca a la hora de evaluar a los preuniversitarios.
En principio, ésta es la mayor novedad respecto a la vieja selectividad, que no especificaba ningún mínimo común de conocimientos. Pues tanto la Lomce de Wert como la LOE del PSOE sólo establecían un reparto competencial de las asignaturas del bachillerato en general, pero no para esta prueba en concreto. Bien es cierto que la ley popular tenía previsto corregir esta deficiencia y hacer que todos los alumnos estudiaran lo mismo mediante las reválidas, sin embargo éstas nacieron muertas al no concitar ni el apoyo dentro del PP. Las formas del ex ministro, apartando del debate a buena parte de la comunidad educativa, no fueron las idóneas.
Por su parte, la norma socialista disponía que durante el curso las CCAA podrían elegir el 45% de los contenidos y, de facto, este porcentaje se trasladaba a la elaboración de la prueba de acceso. Un hecho que se traducía en demasiada discrecionalidad autonómica, lo que les permitía aplicar la ley a su antojo: cada Universidad podía –y así ocurrió– condicionar los contenidos más allá de lo que regulaba la legislación.
Sin embargo, de materializarse esta medida sólo sería un primer paso para intentar acabar con los casi 17 modelos que de hecho hoy rigen el sistema. En este periódico seguimos defendiendo la existencia de una evaluación estandarizada, como las reválidas, consensuada con todos los actores implicados, que examine a los alumnos de la manera que se merecen: por igual en todo el territorio nacional. Es la única forma de asegurar que la exigencia será la misma para un estudiante de Lugo que para uno de Granada y que ambos llegarán a la Universidad con una base académica sólida.
Desde hace demasiados años, resulta evidente la necesidad de reducir la excesiva descentralización administrativa en materia educativa. Además, no es una cuestión que sólo afecte al ámbito universitario. Como acaba de evidenciar el reciente informe PISA, la arbitrariedad en la enseñanza provoca que andaluces de 15 años vayan un curso y medio por detrás de los castellanoleoneses de su misma edad. La Educación debe regirse por un sistema estatal, pues es ésta la única vía para que cumpla con su finalidad vertebradora de la sociedad.
EDITORIAL EL MUNDO – 11/12/16