Todo comenzó con estos dos párrafos:

“Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España. La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador y un cambio de cultura que se está procurando sobre la figura del empresario basada en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios”.

“La aprobación de reformas por parte del Gobierno que intervienen en el funcionamiento de la empresa y hurtan la flexibilidad necesaria para su desarrollo debe cesar. El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la interlocución entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han remado juntos por la eficacia y el consenso; supone un retroceso hacia fórmulas pretéritas e ineficaces”.

El “Manifiesto de la pequeña y mediana empresa española”, hecho público por Cepyme el miércoles 3 de julio de 2024, sentó a cuerno quemado. En Moncloa. En Nuevos Ministerios. Pero no solo. También en la planta noble de Diego de León 50. El presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, el granadino Gerardo Cuerva, alzaba la voz transgrediendo los métodos más institucionales de su homólogo en CEOE, Antonio Garamendi. Homólogo o hermano mayor, depende de cómo se mire.

No se entiende el control absoluto que sobre Cepyme han ejercido todos los presidentes que han sido de CEOE. Ni la incongruente filosofía de una forzada unidad de acción que ha achicado la capacidad negociadora de los empresarios españoles

En realidad, sería más preciso decir que lo que ha sido históricamente Cepyme es el hermano pobre de la gran patronal. CEOE tiene 150 empleados y Cepyme 15. CEOE tiene un presupuesto de 17 millones y Cepyme de 2, que se los traspasa CEOE. En definitiva, la pequeña no es nada sin la grande, y aquella nunca se ha atrevido, hasta ahora, a reclamar un mínimo margen de autonomía a pesar de que sus problemas, los de las pequeñas empresas, nada tienen que ver en muchas ocasiones con los de las grandes corporaciones.

Ya sé que es un reduccionismo, pero para mejor entendernos se podría decir que Garamendi es el representante institucional del Ibex 35 y Cuerva el de los tenderos. Nada por tanto que ver. Por eso no se explica ese control absoluto que sobre CEPYME han ejercido todos los presidentes que han sido de CEOE. Ni la incongruente filosofía de una forzada unidad de acción que ha reducido sistemáticamente la capacidad negociadora de los empresarios españoles.

Tenderos versus Ibex 35

En España hay casi tres millones de pequeñas y medianas empresas (0-249 asalariados), y 5.647 grandes (250 o más trabajadores). Son datos del Ministerio de Industria, que tiene registradas a 1,2 millones de microempresas (1-9 empleados) y 172.860 pequeñas (10-49). Las micros, las pequeñas y las medianas, representan el 99% del tejido productivo y dan empleo a cerca de 11 millones de personas. Su día a día, sus preocupaciones, poco o nada tienen que ver con las de Telefónica, por poner un ejemplo, y sin embargo cada mes se aprueban normas que afectan por igual a la compañía que ganó 12.000 millones de euros el año pasado y esa otra que, algunos trimestres, tiene que pedir un aplazamiento del pago del IVA.

El desigual impacto que tienen las normas legales en las empresas grandes y las pequeñas, ha sido especialmente visible en lo que afecta a la legislación laboral, ámbito en el que la subida de un 60% del salario mínimo, en poco más de un lustro, ha ocasionado en muchas pymes la destrucción de empleo o, alternativamente, la conversión de contratos fijos en discontinuos, y en ciertos sectores un significativo repunte de la economía sumergida. La situación puede aún empeorar si Yolanda Díaz saca adelante la reducción lineal de la jornada laboral, una medida inocua para el Banco Santander, pero muy lesiva si el que se ve obligado a aplicarla de un día para otro es el bar de la esquina.

Añadamos a estos problemas: 1) El incremento de la presión fiscal: en España las empresas aportan un 32,4% de la recaudación fiscal frente al 25,8% que es la media de la UE y, según ‘El impuestómetro 2025’ elaborado por el Instituto Juan de Mariana, de cada 100 euros de coste laboral un total de 47,8 son destinados al pago de las distintas figuras recaudatorias; y 2) La superabundancia de normas regulatorias: en 2024 se aprobaron o modificaron 1.253 textos legales que afectan a la vida de las empresas, 3,4 cada día. Si sumamos 1 y 2, tendremos una idea muy precisa de la cuesta arriba en la que muchos negocios deben desarrollar su actividad. Y también una fotografía bastante nítida de uno de los problemas capitales de nuestra economía: la baja competitividad.

Los millones de empresarios y trabajadores que desarrollan su actividad en el ámbito de las pymes, ni merecen candidatos-marioneta, ni este espectáculo demasiado parecido a la pelea barriobajera con la que algunos políticos insultan a diario nuestra inteligencia

¿Por qué la empresa española es poco competitiva? Principalmente porque en la mayoría de sectores el tamaño es un factor esencial a la hora de competir. Y la particularidad de nuestro país es que a una buena parte de esas pequeñas empresas o microempresas no les interesa crecer. ¿Por qué?, vuelve a ser una pregunta pertinente. Pues porque no se les invita a crecer. Dicho más crudamente: porque si crecen se verán sometidos a un mayor control regulatorio, fiscal y sindical, lo que no es necesariamente malo per se, pero no ayuda.

Un ejemplo: las empresas que superan los 100.000 euros de facturación anual tienen muchas más posibilidades de recibir la visita de los inspectores de Hacienda o de Trabajo que las que no llegan a esa cantidad. Información procedente del Banco de España. Solución: virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Otro ejemplo: el temor, justificado o no, pero generalizado, a que al superar los 50 empleados un sector de la plantilla active el derecho a formar un comité de empresa que anteponga los intereses de unos sindicatos demasiado adheridos al poder político a los de la compañía.

En fin, que el campo está plagado de minas y alguna razón tienen quienes dicen que en la España de hoy a los emprendedores se les puede pedir una cierta vocación de héroes, pero no de suicidas. Y es que lo de tirar la toalla ha dejado de ser excepcional para convertirse en el pan nuestro de cada día. Según acaba de hacer público el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, alrededor de 70.000 pymes echarán el cierre en 2025. Y un dato aún más alarmante facilitado también por el Consejo: 300.000 negocios están operando a día de hoy fuera del sistema. O sea, en B.

Legitimidad constitucional, credibilidad social

En “Por una nueva conciencia social” (Ediciones Deusto, 2024), Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, recuerda que la Constitución Española, en su artículo 7, reconoce “el papel fundamental de los sindicatos y las patronales [en plural] en la defensa del interés general de los trabajadores y empresarios”, e instaura como derecho con rango constitucional el ejercicio de la huelga y la negociación colectiva (pág. 152). La primera, la huelga, no se cuestiona. Sobre la negociación colectiva, piedra angular de las relaciones entre empresarios y trabajadores, no se puede decir lo mismo.

Cuando el Gobierno, plegándose a las exigencias del PNV, aprobó unilateralmente en mayo de 2024 una modificación del Estatuto de los Trabajadores por la que los convenios autonómicos y provinciales pasaban a prevalecer sobre los estatales y sectoriales, no solo despreció el papel de sindicatos y empresarios y quebrantó una vez más el espíritu y la letra de la Constitución. También asestó un golpe fatal a la unidad de mercado y a la neutralidad que debe presidir la acción del Estado en el ámbito empresarial. Ni patronal ni centrales sindicales reaccionaron en aquella ocasión con la contundencia que exigía un pacto político que les arrebataba una porción de su legitimidad constitucional.

Ahora, en las elecciones que celebrará Cepyme el próximo 20 de mayo, vuelven a estar en juego cuestiones de fondo que trascienden el debate nominalista. Está en juego mucho más que una simple elección: la credibilidad de una institución que no debe ser degradada porque representa a un sector nada despreciable de la sociedad civil. Y lo último que necesitan los millones de empresarios y trabajadores que desarrollan su actividad en el ámbito de las pymes, en esta coyuntura de dificultades añadidas –Donald Trump mediante-, son candidatos-marioneta o espectáculos como este al que estamos asistiendo, demasiado parecido a la pelea barriobajera con la que algunos políticos insultan a diario nuestra inteligencia.