EL CONFIDENCIAL 01/05/13
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
No es entendible que un Gobierno del PP suprima de hecho el Día de las Fuerzas Armadas por razones de austeridad. No quisiera pensar que lo hace por evitar al presidente del Gobierno un abucheo -al modo en que los recibía Rodríguez Zapatero– o por imposibilidad del Rey de soportar en condiciones adecuadas un desfile militar. Porque si fuese así, resultaría un engaño. Si de lo que se trata es de ahorrar unas decenas de miles de euros, estamos ante una torpeza. Una más del Ejecutivo que desmiente su identidad ideológica como lo ha hecho en el terreno socio-económico. Porque cuando una nación como la española es discutida como ocurre en Cataluña -y cada vez arrecia más el independentismo allí- o en el País Vasco, es un error de bulto debilitar los elementos de cohesión interna y los simbólicos en los que todos los ciudadanos pueden reflejarse e identificarse.
Las Fuerzas Armadas son la instancia pública mejor valorada en las encuestas del CIS. Por su profesionalidad, por su discreción y por su carácter de referencia humanitaria en misiones en el exterior y, al tiempo, por la responsabilidad y competencia con las que cumplen sus obligaciones en colaboración con nuestros aliados occidentales en escenarios bélicos o prebélicos extraordinariamente complejos. También porque integran a ciudadanos de distinta procedencia, especialmente de países hispanos. Las FAS constituyen el mecanismo del Estado -sometido al poder civil del Ejecutivo- que mejor ha evolucionado desde 1981. En su seno no se localizan episodios similares a los de otros colectivos funcionariales, y sus mandos -siempre hay excepción que confirma la regla- resultan garantía de pulcritud en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales. Suprimir de hecho el día del año en el que las FAS asumen protagonismo popular -al margen del 12 de octubre- implica una grave miopía política.
España es una nación plural sometida, sin embargo, a una impugnación constante de su trayectoria histórica y actual. Y este cuestionamiento se debe en buena medida al hecho de que el Estado español -que es el trasunto jurídico, administrativo y político de la nación- es enormemente débil. Las comunidades autónomas, que son Estado, y sus presidentes, que son los representantes ordinarios del Estado en su circunscripción, han abdicado de esa naturaleza y ha propiciado energías centrífugas y segregacionistas, mientras el Gobierno -cabeza del poder ejecutivo- no ha ideado ni desarrollado factores emocionales cohesionadores. Más allá del carácter indiscutible de la selección nacional de fútbol y de su entrenador, Vicente del Bosque, el particularismo -ese mal que tantas veces denunció Ortega porque desvertebraba España- se ha ido adueñando de toda la verborrea política autonómica. Como acaba de recordar Muñoz Machado en su Informe sobre España, pareciera que todas las autonomías de nuestro país fueran de una estirpe diferente a las demás de modo tal que los españoles no tuviéramos un historia y un itinerario común durante los últimos siglos.
El debilitamiento del Estado responde a políticas gubernamentales que comenzó Rodríguez Zapatero y que Rajoy no ha logrado superar. La supresión de los elementos simbólicos unitarios –ayer se vivió en Holanda una verdadera explosión de bien entendido patriotismo con motivo de la entronización de su nuevo rey- alienta el desentendimiento, la dilución progresiva de las razones por las que convivimos en un ámbito de identidad común y merma la solidaridad. Cuando el Estado está presente en toda España -y eso se consigue cuando la ciudadanía es igual para todos y la residencia aquí o allá no altera el estatuto de derechos y obligaciones- la nación, en su diversidad, adquiere certeza y solidez. Ahora tenemos un Estado compuesto pero débil, con escasos mecanismos de integración, y una vivencia nacional prácticamente irrelevante.
Un Gobierno tecnócrata, ideológicamente atolondrado e incoherente con sus criterios fundacionales, acrecienta aún más esas sensación -creímos que con Zapatero lo habíamos visto todo- y suprime las celebraciones del día de las Fuerzas Armadas que son las que recaban todavía una mayor consenso y las que mejor están encarnando, en su ámbito, los valores de un sistema democrático del siglo XXI. Cuando un Ejecutivo se desliza por el tobogán de los errores, no hay quien lo detenga. ¿Ni siquiera el Rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado? Ni siquiera el Jefe del Estado que, aún en la situación política y personal en la que se encuentra, debiera exigir que esta torpe decisión no se consumase.