Idealmente, las elecciones deberían reafirmar la voluntad que nos constituye en sociedades civilizadas, es decir, aquellas que renuncian a la violencia para dirimir sus diferencias. En tiempos de polarización y de constructores de muros es bueno que las elecciones sirvan de dosis de recuerdo de lo que significan como logro histórico en un país de trayectoria más proclive al guerracivilismo que al consenso, más de enemigos que de adversarios.

Las elecciones son una apelación cívica a la responsabilidad, un acto colectivo para reforzar y legitimar nuestras instituciones, no para debilitarlas. No faltan ejemplos en la historia europea de situaciones en las que se han utilizado los medios democráticos contra la democracia misma. Eso que llamamos populismo como un mal endémico de las democracias cuando estas bajan sus defensas es una amenaza presente. Al igual que la demagogia elevada a programa político, la explotación de la mentira y la desinformación facilitada hasta la náusea por actores digitales que proliferan en las redes, ya sean estos espontáneos o a sueldo de intereses que en unos casos son fácilmente identificables y en muchos otros atribuibles a estrategias interiores y exteriores que buscan deslegitimación de las instituciones democráticas y la contaminación del debate público.

Ese acto de responsabilidad en que consiste un proceso electoral democrático es aún más necesario cuando lo que domina es una percepción de incertidumbre generalizada que está provocando en muchos electorados movimientos volátiles, reacciones emocionales inmediatas, preferencias reactivas alimentadas por el miedo o la indignación.

Al margen de los motivos que lleven a la decisión sobre el voto, parece claro que vamos a iniciar un nuevo ciclo político que tendrá su continuidad en las elecciones municipales y autonómicas de próximo año. Un nuevo ciclo político que presenta interrogantes en el ámbito europeo con elecciones en el primer semestre del próximo año en Francia, Italia y Grecia, además de posibles sorpresas en otros países. España no solo puede aportar un plus de estabilidad y credibilidad en un entorno europeo que ciertamente la necesita, sino que tiene la oportunidad de separarse de experimentos políticamente disfuncionales, lo que le permitiría desempeñar un papel de liderazgo del proyecto europeo que se enfrenta a desafíos verdaderamente existenciales.

Quienes han ocupado el poder hasta ahora buscan asentar su lucha electoral intentando hacer valer lo que han hecho. Lo que ocurre es que, en esta estrategia, dentro de lo que han hecho hay que contar con la rendición de cuentas que escamotean. Unas elecciones son esencialmente un juicio prospectivo de los electores a partir de su situación presente. No se trata solo de la clásica pregunta importada de los primeros debates en Estados Unidos -‘¿está usted igual, mejor o peor que hace cuatro años?’- sino ‘¿cómo cree que estará dentro de cuatro años?’. Y eso lo que plantea es una cuestión central en la política democrática, que es la credibilidad.

Y en este punto, después de cuatro años de gobierno, la credibilidad, la confianza que suscita el candidato sobre la sinceridad de sus propósitos, es un bien muy desigualmente distribuido. Ante un debate electoral, las hemerotecas pesan como losas lastrando la credibilidad de los compromisos que se puedan asumir. ¿Qué le quitará el sueño al candidato a revalidar la presidencia del Gobierno?, ¿con quién no pactará ‘en ningún caso’, a quién se comprometerá solemnemente a traer a España para que salde sus cuentas con la Justicia, a quién acusará de ‘no ser una persona decente’ por los casos de corrupción en su partido -el otro, se entiende- cuando en su casa la corrupción más sórdida ha prosperado como nunca antes?