La intención me parece magnífica. Se trata de favorecer inversiones externas en aquellas empresas que se enfrenten a dificultades que amenacen su viabilidad. Para ello se ha formado una alianza ciertamente original, y desde luego muy inusual, lo cual no quiere decir que sea estrafalaria. Pero ver a la SPRI, el brazo industrial de la Consejería de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, firmar un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no es algo que ocurra todos los días. Ni siquiera todas las décadas.

Si la intención me parece inmejorable, el camino elegido para hacerla visible y viable me suscita algunas dudas. Al parecer, se trata de crear una plataforma virtual, confidencial y segura en la que se podrán registrar y publicitar tanto las empresas en situaciones de concurso y preconcurso, por parte de los administradores concursales, como aquellas empresas de servicios conexos que se encuentren en dificultades, en medio de una situación comprometida. También se contempla la inclusión en el sistema de empresas en riesgo de desaparición por falta de sucesión o necesitadas de aportaciones externas de capital para crecer o para evitar caer en concurso.

Carezco de experiencia en el derecho concursal, más allá de haber visto a muchas empresas que entraban en él y a muy pocas que salían con pulso. No es el infierno mercantil de Dante, pero se le parece bastante. También he visto y participado en muchos casos de empresas que encajan perfectamente en estas definiciones y necesitan de este tratamiento. Lo que no he visto nunca es que estos procesos se hagan con publicidad. Más bien al contrario, suelen comenzar con la firma de acuerdos, más o menos severos, de confidencialidad que incluyen cláusulas de penalización por incumplimiento.

Supongo que los procesos concursales son públicos por obligación legal, pero ¿están seguros los firmantes del acuerdo que las empresas que no están en esa situación todavía, pero sí cerca de caer en ella, van a estar dispuestas a reconocerlo en una web y desvelar sus miserias, por más que se garantice la debida discreción? ¿Se puede garantizar, como se promete, un acceso seguro y confidencial hoy en día, cuando los ciberataques son de frecuencia creciente y de eficacia preocupante?

Si la técnica convierte en imposible la divulgación informática de los datos presentados -cosa que me sorprendería-, ¿cómo se impedirá su transmisión oral entre afectados y perjudicados? Confesar las dificultades de viabilidad no es la política comercial más aconsejable, ni la mejor manera de acceder a una financiación bonancible. O puede ser también que no haya entendido nada.