HENRY KAMEN – EL MUNDO – 21/01/16
· El nuevo Gobierno de la Generalitat catalana ya ha anunciado que seguirá con el plan independentista, sin tener en cuenta a la actual mayoría de los ciudadanos que no desea la ruptura con el resto de España.
En el siglo XVII, cuando Cataluña intentó separarse de España, el cardenal francés Richelieu vio a las élites catalanas como incapaces de gobernarse a sí mismas: «No se puede imponer nada a esta nación para evitar que se consuma en peleas internas». Richelieu tenía toda la razón. Tras los tres intentos de declarar la independencia en los últimos siglos –en 1641, la integración de Cataluña en Francia por un periodo de 12 años; en 1705, la alianza de la Generalitat con Inglaterra por un periodo de nueve años; y en 1936, la alianza de la Generalitat con las fuerzas del desorden–, las consecuencias básicas han sido: la división total de la opinión catalana, el colapso de la nación en el desorden civil y político, y la dolorosa recuperación tras años de caos.
Estemos absolutamente seguros acerca de la división de opiniones. En ningún momento de su pasado ha intentado la mayoría de los catalanes separarse de la Corona de Aragón o de España: los intentos de separarse siempre chocaban contra el gran obstáculo de la indiferencia o la hostilidad masiva. En los sombríos días de 1714, que los separatistas de hoy han convertido en un relato basado en la fantasía, había en realidad una división masiva dentro de la sociedad catalana. La división masiva aún podía verse en 1936 y, sobre todo, en las masacres sangrientas durante las jornadas de mayo de 1937. Y la división sigue siendo tan evidente en enero de 2016 que sólo un político traumáticamente hipnotizado podría ser capaz de afirmar que el 48% de los votos en las pasadas elecciones autonómicas representa la abrumadora mayoría de la opinión catalana.
Hace sólo cinco años, el apoyo al separatismo catalán era del 14%, y aún hoy es apenas del 35% del electorado total. El verdadero estado de opinión en Cataluña hoy puede verse por el simple hecho de que el ex presidente Mas ha hecho todo lo posible para evitar una votación libre a través de elecciones democráticas anticipadas. Como se decía en un un tweet reciente: «Catalunya por fin dispone de un presidente no electo para un proceso ilegal apoyado por la inmensa minoría de los catalanes». Es la primera vez en la historia europea que un grupo de políticos proclama la independencia de su región sobre la base de los deseos de una minoría de la población.
Los revolucionarios burgueses de 2016, evidentemente, no están satisfechos con la tranquilidad de la sociedad catalana. Quieren volver de nuevo al desorden civil de 1714 y 1937, ya que la revolución sólo puede alcanzarse derrumbando todas las instituciones existentes. ¿Pero puede darse Cataluña el lujo de una revolución? España ya tiene algunos graves problemas económicos, y el jefe del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, está a favor de castigar a España por los incumplimientos en las metas fiscales. «El desafío del próximo Gobierno es el déficit», dice Dijsselbloem. El problema es que Cataluña tiene un papel fundamental en ese déficit. Pero las propuestas del nuevo presidente de la Generalitat suponen un déficit mucho más grande aún, así como la inversión de dinero inexistente en un nuevo sistema de Hacienda, con un nuevo Instituto de Estudios Tributarios, un nuevo Banco Nacional, la construcción de nuevas aduanas, y una nueva Seguridad Social (ya en profunda crisis financiera). Las medidas incluyen, obviamente, también tomar el control del aeropuerto de Barcelona.
Una característica central del nuevo plan para crear desorden civil es la propuesta para proteger a los políticos y otros acusados de corrupción en Cataluña, cambiando por entero el poder judicial en la comunidad. Los miembros de la antigua Generalitat ya han iniciado, según la información disponible el verano pasado, la contratación de al menos 250 nuevos jueces. Ése es el número calculado para las plazas que quedarían vacantes, de una plantilla total de 800 jueces y magistrados, cuando se consuma la secesión, y que se piensan cubrir con abogados con un mínimo de 10 años de ejercicio. El propio consejero de Justicia contrató a un juez, Santiago Vidal, para comenzar el reclutamiento. Las consecuencias de socavar el sistema judicial pueden ser fácilmente imaginables. Ya en noviembre, la Sala de Gobierno del TSJC, en respuesta a las manifestaciones callejeras de los separatistas contra los jueces de Barcelona, alertó de que «cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia sólo se debe a intereses políticos, constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política».
Es evidente que hay una amplia gama de desórdenes civiles que se derivarían de la eliminación (o «desconexión») del Estado español. Todos estos trastornos podrían tener un efecto grave en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos en Cataluña que no están a favor de la instalación de un régimen anticapitalista en su país. Quizá el aspecto más absurdo de toda la tragedia sería la farsa cómica de una nueva «Constitución nacional», según lo prometido por el nuevo presidente de la Generalitat.
Esa Constitución, a la que al parecer se le está dando su forma final en estos mismos momentos, se ha elaborado principalmente por el mencionado juez Santiago Vidal, ayudado por «nueve juristas». Echemos un vistazo a algunas de sus cláusulas.
Artículo 1: «La soberanía recae en el pueblo de Catalunya». Éste es probablemente el más absurdo de los artículos de la Constitución, ya que no da garantías al principio democrático de la mayoría, y en este momento sólo protege a la minoría del poble que está en control del proceso de «desconexion». Afortunadamente, la misma Constitución permite al poble en cualquier momento revocar la Constitución (artículos 92 y 93) y volver a la unidad de España. Ésa es una posibilidad que es sumamente interesante con respecto a las futuras elecciones, en el caso de que se permita que se celebren en el nuevo Estado catalán.
Artículo 4: «La lengua propia y oficial de Cataluña es el catalán». Ya que el castellano es la lengua mayoritariamente hablada en Cataluña, es interesante que la Constitución propuesta insista en dar preferencia a la lengua minoritaria, el catalán, al tiempo que permite a la mayoría de habla castellana el derecho a utilizar el castellano si lo desea.
Artículo 62: «Cataluña es una nación de paz, libre de ejército y de fuerzas armadas, excepto la policía encargada de la seguridad pública». Éste es un artículo interesante, porque libera el nuevo Gobierno separatista de la carga financiera de un ejército, pero, al mismo tiempo, hace que sea imposible para Cataluña colaborar con cualquier otra nación en misiones de mantenimiento de la paz, y también priva de empleo a todo el cuerpo de la policía española y a todas las unidades militares con sede en Cataluña. La idea de una Cataluña no militar se basa, según Vidal, en la afirmación de que los catalanes son, con carácter excepcional, «enemigos de nadie y sí hermanos de todos los pueblos». Una afirmación impresionante.
Pero, sin duda, la parte más ingenua de la Constitución es la creencia de que Cataluña se convertirá automáticamente en miembro de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. El año pasado, el portavoz de la Comisión Europea afirmó claramente: «Una nueva región independiente por el hecho de su independencia se convertiría en un tercer país en relación con la Unión Europea y puede solicitar el ingreso como miembro».
Está claro que nos espera una época de caos, un caos que no es menos sorprendente del que George Orwell presenció cuando visitó una Cataluña en convulsiones en la década de 1930. El nuevo presidente de la Generalitat ha proclamado: «¡Éste no es tiempo para los cobardes!». Cobardes no somos, pero esperemos que la recuperación no sea dolorosa.
Henry Kamen es historiador británico; acaba de publicar Fernando el Católico (La Esfera de los Libros, 2015).