No hemos olvidado todo. No vamos a perdonar nada de lo que nos han hecho, ni los destrozos que han causado en una huelga fracasada. No han calibrado el nivel de cabreo del trabajador español, el nuevo pobre en la España progresista. El que sabe que jamás será propietario de su hogar por mucho que trabaje, que no sabe si recibirá atención médica a tiempo en caso de enfermar, que tendrá que endeudarse para llevar a sus hijos a un colegio concertado, pues el público está copado por otras culturas con diferente nivel educativo que condenarían a su hijo a la pobreza. Tras ocho años de progreso con el PSOE, Compromís, ERC, Sumar y otro submundo de izquierda, la vivienda se ha encarecido un 50%, acelerado estos últimos años de invasión migratoria e inseguridad jurídica. El salario real no ha subido en los últimos 30 años. La inflación acumulada es del 30% desde el 2018 y la carga fiscal per cápita se ha disparado un 43% siendo la que más ha subido en la Unión Europea el año pasado. Pagamos más, cobramos menos y no tenemos acceso a unos servicios públicos en pleno colapso e implosión de un Estado del bienestar que para el trabajador español ya sólo existe en su memoria.

Todos los aparatos mediáticos del Gobierno se mantienen en esa ficción de que los sindicatos defienden y representan al trabajador por lo que están obligando a que cierren sus tiendas por su propio bien, “para que tengan una vivienda”. Hablan de la falta de construcción y del elevado precio, pero por lo que sea no hablan de la principal causa la subida exponencial del precio, de la bajada de los salarios y del colapso de los servicios públicos, la inmigración masiva. Según un informe de la Universidad de las Hespérides la inmigración explica el 60% de la subida del precio de compraventa y el 41% del alquiler en España, mientras que la vivienda turística explica el 1,3% del parque y los fondos de inversión el 4,4%.

No es posible ni deseable hacer casas a la misma velocidad por la que desembarcan en España miles de inmigrantes a la semana. No es posible ni deseable que desembarquen 6 millones de inmigrantes en 5 años bajando los salarios al venir de zonas tercermundistas. No es posible ni deseable que los servicios públicos que construyeron nuestros antepasados y que pagamos nosotros se beneficie cualquiera que acabe de llegar. El mayor expolio al trabajador español es tener que mantener un Estado asistencial y dl bienestar para cualquiera del Tercer Mundo que decida desembarcar en España. Según e INE, el 50% de los inmigrantes en edad de trabajar, no cotiza. Hablamos de uno de cada dos la mitad, excluyendo menores y ancianos, un colectivo que llega en aumento estos años con la reagrupación familiar y con el efecto llamada de una sanidad universal gratis y una pensión no contributiva en poco tiempo.

No hay nada que justifique más una huelga general por parte de todos los sectores laborales que las consecuencias de la inmigración masiva contra las condiciones laborales y de vida de los trabajadores en España. Esto por supuesto jamás solo hará la izquierda que odia y desprecia al trabajador, al autónomo al que madruga, al que le importa su barrio en los suburbios. La izquierda progresista, profundamente clasista y racista, prefiere importar servicio exótico a bajo coste, las consecuencias las vive el que va en el metro hacia Fuenlabrada, no los que convocan esta huelga y viven en el Retiro.

Una Huelga General a la que se unen los Ministros del Gobierno, los convocantes realmente. Es algo ridículo y bolivariano. La figura del sindicalista no es mejor que la de los anteriores, normalmente es gente sin talento que se une a un sindicato para medrar ellos personalmente, utilizando y enterrando graves problemas laborales de los trabajadores que ya saben que no les representan. El negocio de un sindicalero del Gobierno es la extorsión en su favor personal. Tras 8 años desaparecidos a dos días de iniciar una campaña electoral que el Gobierno perderá, es cuando esos siervos del poder comprados con gambas, subvenciones e incentivos personales bajo cuerda de grandes empresas para no molestar, salen con violencia a las calles violando toda ley que sólo se aplica contra el de abajo, el trabajador. Quemar neumáticos en la carretera no es un piquete informativo. Amenazar de muerte aun quiosquero, no es un piquete, es violencia alentada y financiada desde el Gobierno contra el pueblo que no le va a votar, contra el pueblo al que ha pretendido sustituir en el censo electoral por otro que no sufre las consecuencias de la izquierda en el poder. Una huelga organizada por el Gobierno contra los trabajadores para salvar al Gobierno en estas elecciones después de haber expoliado, humillado y destruido a la clase media y trabajadora española.

“Contra toda la clase política”, decía una pancarta, no sea que haya que señalar a la clase política que toma decisiones y tiene poder absoluto desde el Gobierno. “Por la vivienda, contra el rentismo”. Es revelador el principal eslogan de los sindicaleros no sea contra BlackRock, con quien se ha reunido tantas veces Ada Colau, Pedro Sánchez e Irene Montero, o contra el Gobierno que ha aprobado regulaciones que provocan escasez y aumento de impuestos a la vivienda. Es contra el rentista de la clase media que lo fue hace décadas, (ahora en extinción) que metió sus ahorros en una segunda o tercera vivienda para completar probablemente una pensión incierta en la vejez. Alquileres indefinidos como defiende Sumar, Podemos y especialmente Compromís, es un eufemismo de expropiación manteniendo el riesgo y coste en el propietario.

Van a por su vivienda, no a por los fondos buitre que tanto se han beneficiado de la regulación de las SOCIMI creadas por el joyero Zapatero y beneficiadas por el PP de Rajoy. Como solución esta izquierda propone grabar hasta 4 veces el patrimonio con impuestos ya existentes y no tomar más medida que limitar el precio del alquiler, lo que saca casas del mercado haciendo que haya escasez y aumente el sinhogarismo. La España del hacinamiento, de las chabolas, de la pobreza energética, la España del Tercer Mundo que ya no reconocemos como España.