VICTORIA PREGO – EL MUNDO – 07/06/16
· La propuesta de Ciudadanos apunta a un aspecto clave del estado de la opinión pública española en estos momentos. A saber: los electores no admiten ya de ninguna manera que Hacienda persiga el pago de hasta el último céntimo a los contribuyentes controlados por sus nóminas y, sin embargo, las grandes fortunas, las grandes empresas y los bancos sigan teniendo a su disposición múltiples canales para eludir sus obligaciones tributarias.
En ese sentido a C’s le asiste toda la razón y su propuesta va a contar con el apoyo mayoritario de la sociedad. Pero la idea tiene inconvenientes de gran calibre. Según apunta el partido de Albert Rivera, las empresas del Ibex que tuvieran sucursales en paraísos fiscales no podrían contratar con las administraciones públicas. Pero sucede que muchas de estas empresas, si no todas, participan en innumerables proyectos compartidos con compañías de otros países.
Esas otras compañías, pongamos una empresa de Arabia Saudí, establece que las operaciones comerciales se sustancien en una sucursal suya radicada en las Islas Vírgenes. De acuerdo con lo que propone C’s, la compañía española –Repsol, Acciona, o cualquiera– no podría aceptar esa condición porque la ley española le impediría contratar con la Administración. Resultado: el acuerdo de la compañía saudí no se llevaría a término con la española sino con otra cualquiera, francesa, inglesa, alemana, no sometida a semejante limitación. La medida, de aplicarse tal y como está planteada, dejaría a las empresas españolas heridas de muerte.
En lugar de intentar ponerle puertas al campo, el compromiso firme con la lucha sin cuartel contra el fraude puede adoptar fórmulas más viables. Ya se sabe que tener una sociedad o una cuenta en un banco radicado en un paraíso fiscal no es ilegal. Simplemente en la inmensa mayoría de los casos esconde, efectivamente, la decisión de defraudar.
Se trata de tener una legislación donde no quepan las escapatorias y donde se establezcan multas colosales a quienes intenten eludir sus obligaciones. Donde no quepa ni una sola amnistía fiscal más, por mucho que el Gobierno de turno esté necesitado de liquidez, que es la única razón por la que los responsables políticos recurren a esa trampa que tan mala prensa tiene entre la población.
Unas leyes implacables que introduzcan en empresas, bancos y grandes fortunas un auténtico miedo a intentar escapar de sus deberes con Hacienda, leyes que sean capaces de crear un clima colectivo como el que rige en EEUU, basado en la constatación de una realidad: quien defrauda paga multas estratosféricas o va a la cárcel sin más miramientos y, al contrario, quien denuncia un fraude es generosamente recompensado. Algo así necesitaríamos aquí.
VICTORIA PREGO – EL MUNDO – 07/06/16