Uno de los acuerdos más importantes en lo que va de esta extraña legislatura ha sido el alcanzado a finales del pasado noviembre en el Congreso ratificando las recomendaciones de la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. Llama la atención, sin embargo, la escasa atención de la que ha sido objeto, habiendo pasado casi desapercibido entre el cúmulo de noticias, comentarios y trifulcas de todo tipo que diariamente vienen ocupando la actualidad mediática. Siempre tendrá más gancho entre la audiencia una buena bronca en el Parlamento o a través de los medios de uno y otro bando que trabajar sobre otros temas más aburridos como, por ejemplo, los que se han tratado durante los últimos meses en el Pacto de Toledo.

Hay dos razones, entre otras, para llamar la atención sobre la importancia de este acuerdo parlamentario. La primera, la propia naturaleza de los asuntos objeto de los acuerdos -la protección social en general y, en particular, las pensiones- que afectan a la totalidad de la ciudadanía en aspectos esenciales de la vida diaria y que, en el momento actual, están sufriendo un deterioro que es preciso afrontar. Se trata de elementos que constituyen el soporte de nuestro modo de vida y de nuestro modelo social; y más concretamente de lo que conocemos, especialmente en Europa, como Estado social, que tanto aquí como en todos los países de nuestro entorno proclaman solemnemente nuestros textos constitucionales.

La otra razón hace referencia al hecho insólito de que haya sido posible llegar a un acuerdo de la casi totalidad del arco parlamentario (incluidas las principales formaciones del Gobierno y de la oposición) cuando lo que viene caracterizando la dinámica política y parlamentaria es justamente todo lo contrario: la imposibilidad de llegar a acuerdo alguno, en el Parlamento o fuera de él, sobre cualquier tema, como se viene poniendo de manifiesto continuamente a lo largo de la legislatura actual. Se trata, además, de un tema que, aparte de su importancia ya señalada, resulta especialmente complejo y en el que no existen soluciones fáciles; como se pone de relieve en las agudas controversias que suscita.

Como no podía ser de otra forma, dado el amplio abanico de formaciones políticas participantes en el insólito consenso parlamentario y la diversidad de posiciones existentes, las recomendaciones aprobadas están formuladas en unos términos necesariamente genéricos ya que, de otra forma, no habría sido posible acuerdo alguno. Se trata de un texto que, más que fijar objetivos programáticos, establece un marco (es lo primero que hay que hacer en un acuerdo de estas características) aceptable y aceptado para, a partir de ahí y en el espacio delimitado por las recomendaciones acordadas, empezar a adoptar las medidas correspondientes, tanto por el Gobierno como por el Parlamento.

En este contexto, que es en el que se ha dado el acuerdo alcanzado, no deja de sorprender la iniciativa ministerial de Escrivá, publicitando unas propuestas que se sitúan al margen por completo de las recomendaciones aprobadas por el Congreso hace tan solo unos días. Tal es la propuesta de ampliar de golpe, nada menos que en diez años (de 25 a 35), el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de las pensiones a percibir en lo sucesivo. A lo que habría que añadir, según las informaciones recogidas por los medios, la pretensión de modificar también la indexación del IPC anual (a la que se refiere de forma expresa la recomendación nº 2) para determinar la actualización periódica de las pensiones.

Tomando prestado el lenguaje legislativo, podríamos decir que el ministro ha introducido por sorpresa en el texto acordado una ‘disposición adicional’ que constituye una auténtica enmienda a aspectos esenciales del propio acuerdo; lo que no deja de ser un comportamiento de lo más extraño, tanto por la forma como por el momento en el que se hace. A falta de conocer cuáles han podido ser las motivaciones de una conducta ministerial tan poco habitual en las relaciones institucionales, hay que decir que se trata de una iniciativa que difícilmente puede ser admitida por los demás participantes en el acuerdo, muy especialmente por quienes asuman la defensa de los legítimos intereses de los pensionistas.

De todas formas, las recomendaciones aprobadas en el Congreso son solo un punto de partida en el camino por el que hay que transitar a partir de ahora. Sería de desear que pudiésemos hacerlo conjuntamente sin que nadie, y menos desde el Gobierno, introduzca unilateralmente y por sorpresa elementos que desvirtúan el acuerdo e impiden poder avanzar en el amplio espacio delimitado en él. En cualquier caso, se trata de un asunto nuclear e ineludible en el Estado social que proclama la Constitución; y que a no dudar, va a estar presente en las conversaciones entre los agentes económicos y sociales y, así mismo, en el debate político y parlamentario a lo largo de esta complicada legislatura….y de las siguientes.