En el pleno parlamentario del pasado martes sobre la ley de amnistía, los socios parlamentarios del Gobierno no cesaron en una descalificación contundente y sistemática hacia el poder judicial. Ya fuera la portavoz de Junts, que señaló con nombre y apellidos a varios jueces, todos ellos tildados reiteradamente de prevaricadores; también la portavoz de ERC, así como el de Bildu; y lo mismo el portavoz del cogobernante Sumar. Eran insultos que, por causa de la inmunidad parlamentaria, no acabarán en los juzgados, pues, fuera de ese ámbito parlamentario, constituyen un permanente delito de calumnias. Con esta gente, el estado democrático de derecho, que exige riguroso respeto a las actuaciones dimanantes del poder judicial, acabaría en un estado, sí, pero de jungla abierta: todo lo que no sea darles la razón en todo debe ser rechazado y perseguido. No hacían sino recordar las zafiedades del expresidente Trump, que a la salida de los múltiples juicios que se siguen contra él en Estados Unidos no hace otra cosa que denunciar a quienes le acaban de juzgar.
En definitiva, en sus intervenciones enloquecidas, esos portavoces no hacían sino recordar lo ya sabido: su integrismo rampante, propio del carlismo del siglo XIX, incapaz por definición de ajustarse a las exigencias de un régimen democrático. Incompetentes para comprender aquella frase luminosa de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, en septiembre de 1962: “Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandamientos de nuestros tribunales y de la nuestra Constitución entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”. El nefasto lawfare, concepto bolivariano o trumpista, tanto da, supone el hábitat natural de estos reaccionarios, impulsados por ese documento suscrito por PSOE y Junts, de 9 de noviembre de 2023, que quedará para la historia como un modelo impecablemente integrista, más propio de un redactor carlista trabucaire que de otra cosa.
En la votación posterior a ese debate del martes pasado, la ley de amnistía quedó derrotada, lo cual supone un evidente alivio, aunque ahora vuelva a la comisión de justicia para ver qué enjuagues pueden salir de ese nuevo tiempo. Una ley de amnistía, redactada por un prófugo de la justicia en busca de sus privilegios en forma de impunidad absoluta para sus presuntos delitos es, por definición, una ley políticamente disparatada, éticamente demencial, radicalmente injusta y sin pase constitucional alguno. Una ley fundada, única y exclusivamente, en la necesidad para el Sr. Sánchez de los siete votos de Junts para alcanzar la presidencia del Gobierno. Una ley que constituye un fraude electoral total en relación a las elecciones generales del 23 de julio; lo que hasta ese día era a todas luces inconstitucional, dicho y repetido por el Sr. Sánchez y su Gobierno hasta la saciedad, no puede alterar ese carácter al día siguiente por motivo de los resultados electorales.
A Junts no le valía la proposición de ley, pues pretendía amnistiar todo, también el terrorismo íntegramente y el delito de traición. Consiguió en el debate previo en la comisión de justicia, que el PSOE pasara por la charlotada de inventar el delito de terrorismo medio pensionista, light, como si fuera posible que exista un terrorismo que no haya causado violaciones graves de derechos humanos. Y luego ya el delito de traición que se instruye en un juzgado de instrucción de Barcelona con motivo de la denominada trama rusa era, es, de la máxima gravedad. Esa trama rusa que aborda las inquietantes relaciones entre los golpistas del 1 de octubre y Putin; la oferta rusa de desestabilizar Europa mediante el apoyo a una independencia catalana, con dinero y soldados, que lógicamente pone los pelos de punta en toda la Unión Europea. El mismo Parlamento Europeo de la UE que aprobó ayer, en su comisión de justicia, introducir en la nueva directiva anticorrupción la prohibición de que se concedan amnistías sobre delitos de malversación; justamente la causa que se sigue ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el prófugo Puigdemont. En tales condiciones, ¿qué sentido tiene una amnistía contra los principios rectores de la Unión Europea?
Una ley de amnistía, redactada por un prófugo de la justicia en busca de sus privilegios en forma de impunidad absoluta para sus presuntos delitos es, por definición, una ley políticamente disparatada
A su vez, las conocidas conexiones de Puigdemont con la extrema derecha flamenca en Bélgica, unido a las relaciones con la extrema derecha alemana, constituyen palabras muy mayores en relación a hechos presuntamente delictivos que nunca podrán ser amnistiados. Pero lo curioso es que todos sabíamos de la existencia de esa instrucción judicial relativa a la trama rusa, se ha escrito mucho sobre esa cuestión. El primero que lo sabía era el propio Sr. Sánchez, que en sede parlamentaria en el año 2022 –no hace tanto tiempo– se dirigió a la Sra. Nogueras en estos términos: “Ustedes han jugado con fuego. Ustedes han coqueteado con Putin”. Sí, todos lo sabíamos, lo cual hace absurdo pretender injerencia alguna del poder judicial en lo que se estaba instruyendo desde hace años. Como es absurdo pretender una invasión legal por el hecho de que los jueces desempeñen su labor constitucional; que es precisamente su función, consagrada en nuestra Constitución y propia de todo Estado de Derecho. Pero no, da igual, el interés de todos los socios parlamentarios del Gobierno no es otro que tumbar el Estado de Derecho, pues saben que mediante ese objetivo, es la ofensiva contra el régimen democrático lo que finalmente prosperará.
Lo que sucedió el martes es la constatación de que la base en que se funda la presente legislatura es radicalmente imposible. Que alcanzar acuerdos con fuerzas supremacistas y de extrema derecha, era una barbaridad que no se sostendría en el tiempo. Y así estamos, seis meses después de las elecciones generales del 23 de julio, sin que se vislumbre una sola reforma de tantas como necesitamos, sin que ni siquiera se prevea la Ley de Presupuestos del Estado.
Alcanzar acuerdos con fuerzas supremacistas y de extrema derecha, era una barbaridad que no se sostendría en el tiempo
Ante tal situación, una persona con un mínimo de sentido común debiera admitir lo evidente, y retirar la proposición de ley de amnistía de un nuevo debate en la comisión de justicia. Y, posteriormente, a sabiendas de lo inviable de la legislatura, preparar la disolución anticipada de las Cortes Generales –que no pueden llevarse a cabo, por mandato constitucional, hasta pasado un año de la anterior disolución (29 de mayo)– para convocar nuevas elecciones generales.
Se puede decir de otra forma: ¿de verdad era para este sainete que votamos los españoles el pasado 23 de julio? Lo que arrojaron los resultados electorales ¿obligaba a tamaño desmán? O, era más bien al revés, ¿no se trataba de que, de una vez, se entienda la necesidad de gobernar con el acuerdo entre las dos fuerzas políticas principales, y no desgobernar buscando el acuerdo con los extremistas más disparatados? Porque, como suele decir Virgilio Zapatero –exministro de Felipe González– nuestra Constitución debiera venir acompañada de un manual de instrucciones que dijera: sin los grandes acuerdos aquélla no funciona.
Y, entre tanto, el Sr. Sánchez deberá meditar sobre si acaso ese absurdo término de la “fachosfera” que ha puesto en circulación, realmente es el que se refiere precisamente a sus aliados parlamentarios.