Ignacio Camacho-ABC
- Este mandato agonizante no es más que un pacto de mutuos encubrimientos para neutralizar el peso penal de un verdadero delito sistémico
Convoque o no Sánchez elecciones anticipadas, y este articulista tiene serias dudas de que se atreva a hacerlo, la legislatura vigente recibió el viernes el descabello. El Gobierno nunca ha gobernado; basta ver el estado de los servicios públicos de su competencia y el nulo avance de la gestión de la práctica totalidad de los ministerios. Pero ahora ya no sólo es incapaz de presentar unos presupuestos sino de convalidar un decreto. Esto no da más de sí. La deserción de Junts ha dejado el bloque de investidura sin mayoría en el Congreso y la prolongación artificial del bloqueo sólo obedece al anhelo aventurero de aferrarse al poder a cualquier precio. En realidad el único objetivo que viene sosteniendo el mandato desde el primer momento.
En una lógica política normal, que desde luego no es la que rige en España, incluso aunque el presidente atisbe en el conflicto de la vivienda una oportunidad de remontada necesitaría más tiempo para consolidar el estado de opinión que puedan detectar los ‘trackings’ encargados a toda prisa durante este fin de semana. Si el plan consiste, como parece, en alumbrar un escenario de confrontación cívica máxima, el sanchismo parte de una posición demasiado baja para reducir a corto plazo la diferencia que le separa hoy de las derechas agregadas. Así las cosas, lo más probable es que este nuevo paréntesis de ‘reflexión’ constituya otra simulación táctica con la que diseñar una estrategia de agitación social reforzada por una amplia operación de propaganda.
Pero hay por medio otro factor clave, y es el calendario de los tribunales. Aunque no lo vaya a reconocer ni ante sus colaboradores de mayor confianza, se trata para Pedro de un elemento mucho más importante que la reactivación de la calle, toda vez que su partido, su familia y quizá él mismo pueden verse de aquí el verano en más de una situación desagradable ante la que no serviría el argumento del ‘lawfare’. Donde los ciudadanos vemos una mera cuestión de cálculo electoral, el líder del Ejecutivo contempla un escenario grave de depuración de responsabilidades. Y con esa circunstancia en la balanza sí podría decantarse por una convocatoria anticipada que congele o aplace las investigaciones judiciales.
Porque esta legislatura agonizante no ha sido en el fondo más que un pacto de encubrimientos. Al amparo de la coalición Frankenstein se ha amnistiado un levantamiento insurreccional, se ha liberado a terroristas presos, se ha incubado una estructura de corrupción a escala de Estado y se ha creado un aparato encubierto para amenazar a jueces, policías y funcionarios molestos. Esa alianza espuria estaba basada desde su nacimiento en un convenio de socorros mutuos para neutralizar el peso penal de un verdadero delito sistémico. Y lo que todos los participantes en el enjuague temen es que un eventual relevo en la Moncloa ponga el tinglado en riesgo. Si del último retiro presidencial surgieron las cloacas que conocemos, más vale no pensar en lo que ahora mismo se puede estar cociendo.