Iglesias ha incorporado a la “dirección estratégica del Estado” a los republicanos secesionistas y a los ‘abertzales’ separatistas. Y Sánchez les ha abierto las puertas ante el pasmo de propios y ajenos, aunque su estilo imponga el silencio a cualquier crítica en el socialismo que no ha perdido la sensatez y el sentido de Estado. El Gobierno se retrata día sí y día también con la naturaleza de sus alianzas, con el cerrojazo a la transparencia, con su producción inacabable de decretos-leyes y con la imposición de un estado de alarma de medio año sin dación de cuentas del presidente ante el Congreso.

Este es un Gobierno tan iliberal como cualquiera de los que se tienen por tales. En Europa, no hay un Ejecutivo que integre un partido populista de extrema izquierda aliado, además, con fuerzas políticas parlamentarias antisistema. Que no vengan los epígonos gubernamentales oponiendo la legitimidad de los secesionistas vascos y catalanes. La legitimidad democrática la tienen todos los partidos que están en el Congreso y en el Senado. Aquí no se discute la legitimidad sino la compatibilidad ideológica y estratégica de unos y de otros. Si hay una opción radical de pactar con los que desean romper las reglas del juego —y así lo proclaman—, ¿por qué no puede darse en la oposición resistencia a facilitarle sus propósitos?

Los partidos del Gobierno —con sus indefectibles aliados— anuncian que si el PP no pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tramitarán la proposición de ley que lo gubernamentaliza con una mayoría absoluta y no de dos tercios. Tal propósito es inconstitucional, leído el artículo 122.1 de la Carta Magna, atenta contra los criterios del Consejo de Europa y alinearía nuestro país con las experiencias iliberales de las denostadas Polonia y Hungría. En ningún Estado con un cierto nivel de calidad democrática, el poder judicial se conforma como una extensión del Gobierno de turno. Y rebajar la exigencia de mayorías cualificadas (2/3) para designar a 12 de los 20 vocales del CGPJ es tanto como que los partidos en el Gobierno y sus aliados controlen el órgano de gobierno de los jueces.

Las condiciones que pone el PP para llegar a un pacto son perfectamente razonables. La designación de los vocales se implementa como un acuerdo entre grupos parlamentarios y no entre el Gobierno y la oposición, así que el Grupo Popular —que suma la mayoría suficiente con el socialista— esgrime una premisa legítima: negarse a pactar con Podemos. La segunda condición es igualmente razonable: que se elijan jueces y magistrados que no hayan desempeñado cargo político o que lo hayan hecho hace más de 10 años. Y la tercera condición es que, antes de pactar, los grupos socialista y de Unidas Podemos retiren la proposición de ley que, de prosperar, gubernamentalizaría el Consejo General del Poder Judicial.

Si socialistas y morados no quieren aceptar este planteamiento, adelante, que aprueben la ley polaca para el CGPJ. Por suerte para todos, la Unión Europea y el Consejo de Europa no son instancias ajenas a nuestra política interna. El PP podrá llevar la ley al Tribunal Constitucional y, además, plantear su factura iliberal en los organismos europeos que aplican las métricas de calidad democrática de los Estados miembros.

Con un Gobierno de estas características, la resistencia del PP a cualquier tipo de pacto comienza a resultar un hábito de buena conducta democrática. Aquellos que esgrimen que los populares tienen la obligación de cumplir con el mandato constitucional son los mismos que quieren tumbar la Constitución al estilo de Iglesias, de Otegi o de Rufián. Con el permiso de Pedro Sánchez, que está apurando la jugada al llevar la vida política española al límite: al límite de la Constitución, al límite de la polarización, al límite de la identidad de su propio partido.

Sánchez está llevando todo al límite. Ya solo le queda —para rematar— hacer que su mayoría apruebe una ley iliberal para el CGPJ. Esa sería una decisión definitoria y de una elocuencia inequívoca.