De sabios es rectificar, tal y como hizo ayer la líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, quien, a pesar de haberse negado a firmar el Manifiesto por la Lengua Común ayer denunció que «existe discriminación desde las Administraciones, los poderes públicos y la escuela».
En ningún otro país del mundo los ciudadanos se ven obligados a manifestarse para que sus hijos puedan ser escolarizados en la lengua oficial y compartida, salvo en España. Afortunadamente, la sociedad civil está empezando a reivindicar ese derecho básico, a través de un Manifiesto, de los medios de comunicación o de salir a la calle. Zapatero nos desafiaba en 2006 a que le presentásemos algún caso de víctimas de la inmersión lingüística. Pues bien, a la veintena de testimonios que EL MUNDO ha presentado en las pasadas semanas, el presidente del Ejecutivo puede ya sumar las más de cinco mil personas que ayer salieron a manifestarse en Barcelona, procedentes no sólo de Cataluña, sino también del País Vasco, Galicia y Baleares, comunidades a donde se ha extendido la obsesión monolingüe de los nacionalistas, con la colaboración activa en tres de esas comunidades de su partido y la aceptación implícita de su Gobierno. El mismo se comprometió en estas páginas, hace dos años, a «garantizar como legislador estatal» los derechos lingüísticos de estas personas cuando todavía afirmaba que su percepción era que había «pocos casos» de discriminación. ¿Se atreverá a seguir afirmando tal cosa después de ver la manifestación de ayer? De sabios es rectificar, tal y como hizo ayer la líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, quien, a pesar de haberse negado a firmar el Manifiesto por la Lengua Común el pasado mes de julio afirmando que «no era necesario», ayer encabezó la marcha denunciando que «existe discriminación desde las Administraciones, los poderes públicos y la escuela». Rajoy debe tomar nota y cumplir cuanto antes su compromiso de presentar una moción para garantizar la enseñanza en castellano.
Editorial en EL MUNDO, 29/9/2008