Begoña Urroz Ibarrola fue la primera víctima de ETA. Era el 27 de junio de 1960 y ella tenía sólo 22 meses. Murió alcanzada por una bomba en la estación de Amara de San Sebastián, aunque ETA nunca asumió la autoría de su asesinato.
Con ella arrancó una lista de 857 hombres, mujeres y niños muertos en atentados cometidos por las diversas ramas de la organización terrorista y otras siglas nacidas de su entorno.
El enorme coste humano y político del terrorismo etarra desfila por las páginas de un libro que se publicará la semana próxima, Vidas rotas (Editorial Espasa). La crónica se abre con Begoña Urroz, la primera, también, de las 21 vidas de niños segadas por ETA. Los relatos se cierran con los guardias civiles Carlos Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvà, asesinados en Calvià (Islas Baleares) el 30 de julio de 2009. Se menciona igualmente la identidad de miles de heridos.
Los autores presentan el nombre de cada víctima y el relato del crimen uniéndolo a los nombres de sus asesinos, siempre que esto último haya podido clarificarse judicialmente. «Los victimarios, desprovistos de su confortable anonimato, deben mirarse en el espejo de esas víctimas de carne y hueso que con tanta crueldad han provocado», afirman los autores, Florencio Domínguez, Rogelio Alonso y Marcos García, que citan unas palabras de José María Múgica al cumplirse 13 años del asesinato de su padre, Fernando Múgica Herzog: «Hay que saber quién murió y quién mató».
La base documental así confeccionada supone una impactante crónica histórica. Ante todo, de cada uno de los 361 civiles, 209 guardias civiles, 149 policías nacionales, 97 militares, 16 policías autonómicos y 25 policías municipales asesinados por ETA en 50 años de actividad. La brutalidad del sufrimiento sembrado se une al recuerdo de que la mayoría de la actividad terrorista ha sido dirigida contra la democracia. Once personas murieron a manos de ETA en 1977, el año de las primeras elecciones; 68 en el año de la Constitución (1978), 80 en el del estatuto vasco (1979); 98 en 1980, el año previo a la intentona golpista del 23-F, y otras 32 en 1981, el año del golpe. Los asesinatos continuaron en los siguientes, con las excepciones de 1999, 2004 y 2005.
«La democracia española ha contraído una deuda de gratitud con los familiares y seres queridos de quienes han sufrido tanto dolor», afirman los autores, que piden «el reconocimiento del inmenso sufrimiento padecido por quienes vieron cómo sus allegados fueron vilmente asesinados por un grupo terrorista enemigo de la libertad». El drama de los afectados, «cuya ejemplar reacción cívica tanto ha contribuido al fortalecimiento de la democracia en nuestra nación», impone «obligaciones morales y políticas que una sociedad democrática como la española no puede eludir».
Las 1.310 páginas también contribuyen a recordar, en carne viva, que la historia y la política del País Vasco no pueden entenderse sin aceptar el vasto coste humano del terrorismo. Por eso, los autores esperan que su trabajo «coadyuve a exponer las terribles secuelas provocadas por la violencia etarra», exhibiendo «la verdadera naturaleza del llamado conflicto vasco».
EL PAÍS, 24/1/2010