Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 14/12/11
Lo que deberia resultar evidente es que ningún reglamento -incluido el del Congreso- va a subsanar el fraude de Ley que nuestro politizado Tribunal Constitucional consintió al dejar en papel mojado la ilegalización de los proetarras y la Ley de Partidos.
Dado que Amaiur ha obtenido un número de escaños «no inferior a cinco» en circunscripciones en las que ha obtenido «al menos el 15 por ciento de los votos», no faltan quienes advierten de que la coalición proetarra, a la vista del artículo 23 del Reglamento del Congreso de los Diputados, podría formar grupo parlamentario propio con los seis diputados obtenidos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, al que, posteriormente, podría adherirse el diputado elegido por Navarra, circunscripción en la que los batasunos sólo obtuvieron el 14,86 por ciento de los votos.
Desde el PP, sin embargo, se argumenta que, al no obtener Amaiur el 15% de los votos emitidos en la circunscripción de Navarra, se podría denegar de raíz la pretensión de los batasunos de obtener grupo parlamentario propio.
Tanto el principio de summum jus, summa injuria, como, sobre todo, los numerosos antecedentes de interpretación flexible de ese mismo reglamento, favorecen las pretensiones de Amaiur. Pero no es menos cierto, sin embargo, que estas siglas no son sino el rudimentario disfraz con la que ETA ha logrado colarse en las instituciones.
Por ello, y con total independencia de la decisión que finalmente se adopte a este respecto, lo que debería ser evidente para todos es que ningún reglamento, empezando por el que regula el funcionamiento del Congreso de los Diputados, va a subsanar el monumental fraude de Ley que nuestro politizado Tribunal Constitucional consintió al dejar en papel mojado tanto la Ley de Partidos como la sentencia del Tribunal Supremo que previamente había ilegalizado a Bildu por ser el brazo político de ETA.
Más que a retorcer el reglamento para estérilmente tratar de estrangular al brazo político de ETA, a lo que el PP tiene que dedicar sus energías es a restablecer la independencia de nuestro Tribunal Constitucional y a reactivar la neutralizada Ley de Partidos. Todo lo que no sea eso, no será más que disimular con recursos de leguleyos la indecente tregua en la que se encuentra nuestro Estado de Derecho. Tanto la eventual obtención por parte de Amaiur de grupo parlamentario propio, como la eventual recepción que el Rey pueda brindarles no son ni serán más que consecuencias de ese monumental fraude de ley, de esa silenciada concesión política a los terroristas por la que ETA ha celebrado, tan pública como justificadamente, haber ganado «la batalla de la ilegalización».
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 14/12/11