TONIA ETXARRI, EL CORREO – 17/12/14
· No es un debate sencillo el que le ha tocado afrontar al Tribunal Supremo después de que tres secciones de la Audiencia Nacional hayan tomado decisiones contradictorias con la excarcelación de algunos presos de ETA. ¿Dar por buenas las excarcelaciones de ‘Santi Potros’ y Plazaola porque se les aplicó la norma europea dos días antes de que la ley española cambiara? ¿Anularlas porque dos días después de la orden entró en vigor la nueva norma española que impide que las rebajas de las penas se efectúen en todas las sentencias emitidas desde el extranjero antes del 15 de agosto del 2010? ¿O esperar a estudiar los recursos de la Fiscalía?
El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, no está dispuesto a que se produzca esa disparidad de criterios, pero la unificación de consideraciones, desde el estricto punto de vista jurídico, tiene sus aristas. Se puede defender la aplicación de la ley que estaba en vigor el día en que los magistrados decidieron excarcelar a los dos presos de ETA porque el 2 de diciembre la única referencia era la de la decisión marco de la UE. Un derecho obligatorio y vinculante desde 2010. Y se puede defender la no aplicación de rebajas de las penas en virtud de la norma del Gobierno español, en vigor desde el 4 de diciembre.
Puede ser que el Ejecutivo, en sus tres años de legislatura, hubiera podido introducir esa precisión a la ley europea antes de lo que lo ha hecho. Son los plazos, precisamente, la baza legal con la que han jugado los magistrados, mientras los políticos, desde la grada, juzgan a los jueces con indisimulado descaro.
Lo curioso es que unos denuncian presiones de sus adversarios sin percatarse de que ellos tampoco están libres de caer en el mismo vicio de meterse donde no deben.
El Gobierno de Rajoy, contrariamente a su costumbre de no pronunciarse en las decisiones de los magistrados más allá de expresar su acatamiento, esta vez lo ha hecho. Consciente de que ese cambio de actitud podría incomodar a los jueces, pero entendiendo que debía responder políticamente al requerimiento de los colectivos de víctimas del terrorismo que se sienten indignados por la desprotección que dicen padecer y por la falta de defensa institucional de su dignidad. La vicepresidenta manifestó su estupor ante las excarcelaciones. Y el propio ministro de Justicia. Y los demás partidos se escandalizan.
Pero la historia nos recuerda que en el caso Ibarretxe y Patxi López (sentados en el banquillo por haberse reunido con la ilegalizada Batasuna), el PNV elevó tanto la presión que sacó a la gente a la calle. Los socialistas se mantuvieron más prudentes y respetuosos. Y al PNV se le llegó a acusar de «acosar» a los jueces. Ayer, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, dijo que esperaba que el Tribunal Supremo actuara sin dejarse llevar por las presiones. Y que resolviera conforme a la ley. Por si no quedaba claro, puntualizó que se refería a la norma europea. ¿Ese mensaje no es otra forma de ejercer presión?
De la ejercida por los colectivos de presos, ya no estas semanas sino durante tantos años, casi nadie habla.
TONIA ETXARRI, EL CORREO – 17/12/14