Una paz con trampas

Anadie debería sorprender que el llamado plan de paz del lehendakari utilice gran parte de las trampas que durante tantos años vienen desarrollando grupos interesados en reproducir un sesgado relato del terrorismo. El nombramiento de Jonan Fernández ya presagiaba lo que ahora vuelve a evidenciarse: el Gobierno vasco desea consolidar una tendenciosa y manipuladora narrativa sobre lo que la violencia ha supuesto para la sociedad vasca; un relato indulgente con el terrorismo nacionalista de ETA y con quienes hoy todavía lo justifican. Lo confirma la lectura de un plan que pretende diluir la responsabilidad de ETA, eludiendo la verdadera deslegitimación del terrorismo mediante su contextualización en una ficticia coyuntura de diferentes violencias.
Así, aunque el documento aprecia que «la paz y la convivencia requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia», lo hace buscando un falso punto de neutralidad que enmascara un hecho crucial: el terrorismo de ETA ha sido y es el principal mal de la sociedad vasca. El plan soslaya esta decisiva evidencia al equiparar el terrorismo etarra con violencias tan dispares e incomparables como las derivadas de la Guerra Civil, el franquismo y lo que define como contraterrorismos ilícitos. La peligrosa interrelación y equiparación de numerosas violencias y víctimas diluye inevitablemente la culpabilidad y la responsabilidad de una banda que en democracia ha asesinado a cientos de seres humanos. Se dibuja así una paz tramposa en la que todos los ciudadanos, no solo los que han perpetrado y justificado el terrorismo etarra, aparecen como culpables de la ausencia de paz y, por tanto, como responsables de lograrla mediante injustas concesiones. Al contextualizar el terrorismo etarra de manera tan engañosa se oculta la verdadera causa de que la sociedad vasca haya carecido de paz y libertad en las últimas décadas: el desafío terrorista a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Estos dos instrumentos han sido los ejes de la convivencia que el terrorismo ha amenazado, el punto de encuentro de una sociedad compartida que el plan del lehendakari omite, pues su proyecto político desea rebasarlos. Por ello fija como su objetivo «alcanzar consensos básicos para un escenario de encuentro sociopolítico» sin una sola mención a referencias tan fundamentales como la Constitución y el Estatuto. Otra manera más de pervertir el derecho a la memoria al que tanto se invoca mientras deliberadamente se ignoran las premisas necesarias para alcanzarlo con justicia. Como recoge la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento vasco, «el derecho a la memoria tendrá como elemento esencial el significado político de las víctimas del terrorismo, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente». Lo que ETA ha pretendido eliminar ha sido tanto la Constitución como el Estatuto. Por ello resulta tan reveladora su omisión en un plan que dice perseguir lo que precisamente ambos textos ofrecen ya: el marco para una convivencia integradora basada en el respeto a las libertades encarnadas en el Estado democrático de derecho.
Es también muy revelador que el plan ambicione ‘microacuerdos’ como el que facilitó la participación de Bildu en el aniversario del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez. Muchos aplaudieron que los radicales asistieran por primera vez al homenaje de una víctima de ETA olvidando que no es posible homenajear a los asesinados sin reconocer la ilegitimidad del terrorismo que los asesinó. Ese tramposo, injusto e inmoral escenario, presentado sin embargo como idílico, es el que anhela el plan: una sociedad en la que quienes justifican el terrorismo se sientan cómodos con las coartadas que los demócratas les ofrecen para eximirles de la necesaria condena de ETA que una verdadera paz exige. Esos ‘microacuerdos’ que con apariencia conciliadora ofrece el plan no son sino trampas con las que seguir fingiendo avances en la ‘paz’ mientras se desfiguran la naturaleza y los efectos del terrorismo, borrándose las responsabilidades de ETA y sus cómplices.
Parece que los autores del plan hubieran leído a Primo Levi para diseñar mecanismos con los que eximir a ETA y sus representantes políticos de las responsabilidades que deberían asumir. Cuando Levi exigía a los victimarios la asunción de su culpabilidad lo hacía consciente de que estos intentaban eludirla construyendo varios tipos de relatos. Uno que negara directamente lo sucedido; otro que contextualizara de tal modo las atrocidades que terminara por justificarlas mediante su comprensión. Esas distorsionadoras narrativas se benefician del paso del tiempo que va desenfocando la realidad. Los testigos van distanciándose, o desapareciendo, y sus testimonios pierden fuerza cuando parecen incoherentes con una realidad distorsionada por las conquistas de un lenguaje manipulador y de los actos que las ratifican.
Como si fuera fiel a esa lógica, el plan propone múltiples iniciativas con el falso pretexto de lograr la paz y la convivencia mientras se ignora el terrible daño que supone para esos objetivos la impunidad de quienes desde las instituciones siguen justificando la violación de los Derechos Humanos. De ese modo van tergiversándose en la memoria las verdaderas causas y consecuencias del terrorismo etarra que, no debe olvidarse, ha estado motivado por una ideología nacionalista. Es obvio que el lehendakari tiene un plan con el que imponer una cómoda ‘verdad’ para sus intereses. También es parte de ese plan la creación de un memorial de víctimas coordinado por los gobiernos autonómico y central que este último puede impulsar o bloquear. Optar por lo primero cuando resulta evidente cuales son las intenciones del Gobierno vasco, avalaría una estrategia a la que tantos esfuerzos dedica el nacionalismo sin que el Estado se involucre en contrarrestarla con la determinación que el reto requiere.