EDITORIAL- EL ESPAÑOL
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó ayer a Laura Borràs, presidenta de Junts y presidenta (suspendida) del Parlamento autonómico catalán, a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por el fraccionamiento de varios contratos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas para adjudicárselos a dedo a su amigo el informático Isaías Herrero.
La condena no llega sin sorpresa. Porque, junto a la condena de Borràs, el TSJC ha pedido también el indulto parcial de la pena de prisión con el objetivo de que la dirigente independentista no llegue a pisar la cárcel. La petición de indulto no incluye, sin embargo, la condena por inhabilitación, que Borràs deberá cumplir íntegramente.
Los argumentos del tribunal son que nadie se benefició económicamente de la conducta de Borràs y de Herrero. Que el trabajo por el que se contrató a Herrero fue realizado a satisfacción de la Administración. Y que el fraccionamiento de contratos es práctica habitual (y legal) en otras Administraciones.
Lo que está diciendo el TSJC es que el delito de Borràs se limitó al «dedazo» en sí. Algo que, como es evidente, perjudicó a aquellos que, pudiendo optar al mismo trabajo por el que fue contratado Herrero, fueron excluidos de la licitación. Pero que eso no justifica una pena tan elevada. El delito, en fin, existió, y Borràs debe ser condenada por ello. Pero, según el TSJC, los daños fueron mínimos y la pena es desproporcionada.
El tribunal cree además que la pena de inhabilitación, para la que no pide rebaja, es suficientemente contundente como para resultar disuasoria de por sí.
Un último detalle. El TSJC no pide el indulto de toda la pena, sino sólo de esos dos años y medio que permitirían reducir la condena hasta los dos años, el punto en el que el condenado evita el ingreso en prisión.
Esos argumentos pueden ser más o menos debatibles desde un punto de vista jurídico. Pero la actuación del tribunal es tan contradictoria como extemporánea.
Y es que no existen precedentes de peticiones de indulto en casos similares (ciertamente escasos) en el TSJC. Si a la percepción ciudadana de la corrupción como un delito de especial gravedad se suma el hecho de que la beneficiada en este caso sería una política independentista que se ha caracterizado por su desprecio por las normas más elementales de la democracia, de las que se ha burlado y que ha llamado a desobedecer, parece lógico que la decisión del tribunal haya escandalizado a muchos ciudadanos.
En un momento en que los partidos nacionalistas vascos y catalanes están pidiendo el control absoluto de la Justicia en sus respectivas regiones con la evidente intención de controlarlos políticamente en su beneficio, resulta como mínimo inoportuno que el TSJC pida el indulto para una política que ha justificado todas las violaciones de la legalidad cometidas por los líderes del procés desde 2017. Especialmente dado que lo hace a iniciativa propia y sin esperar a que Borràs o sus acólitos pidan el indulto.
Y eso tras el indulto de los líderes del procés, de la eliminación del delito de sedición y de la rebaja del de malversación por parte del Gobierno con el evidente objetivo de beneficiar personalmente a líderes políticos independentistas concretos, algo que ofende a la más elemental sensibilidad jurídica y democrática.
La decisión del TSJC, además, sienta un precedente que permitirá ampararse en esta sentencia para pedir otros indultos en otros casos similares en el futuro.
La duda parece legítima. ¿Se habría solicitado el indulto si el político condenado perteneciera a Ciudadanos o al PP? Es probable que los autores de la sentencia digan que sí. Pero nada de lo ocurrido durante los últimos años en Cataluña empuja a confiar en esa afirmación.
La petición del tribunal podrá ser legal. Pero las leyes son expresión de la voluntad popular, encarnada en el Poder Legislativo, y no parece irrelevante que el indulto se pida para una miembro del régimen que ostenta el poder hoy en Cataluña. El mismo que en 2017 se alzó contra la Constitución, contra la legalidad y contra la democracia.
Nada puede ser más dañino para la confianza de los ciudadanos en las instituciones en general, y en la Justicia en concreto, que la sensación de que los tribunales condenan por obligación a los líderes independentistas mientras piden perdón por ello, y que piden su indulto para expurgar la «culpa» por el «pecado» de impartir justicia.