Los ERTE se prorrogarán, entre otras razones y en primer lugar, porque son completamente necesarios. El sistema acoge en la actualidad a 755.000 trabajadores, cuyas empresas carecen de la demanda necesaria para ocuparlos en sus trabajos habituales. A los que, no lo olvide, hay que añadir los más de 300.000 autónomos sostenidos por prestaciones públicas. Es la tercera vez que se prolongarán, lo que muestra bien los errores de cálculo que cometimos acerca de la duración de la pandemia. Cuando apareció la enfermedad, la mayoría pensamos que dos meses eran el plazo límite del aguante de la economía ante el brusco parón. Bien, pues en dos meses cumpliremos el año de penurias.

El Gobierno, preocupado por el costo del sistema, accede a su prórroga porque no hay más remedio. Propone agilizar los trámites administrativos, pero mantener sus exigencias. Algunas son perfectamente lógicas, como la de prohibir la distribución de dividendos durante su vigencia o la realización de horas extras. No tendría sentido que hubiera dinero para los accionistas y no para pagar el sueldo a los trabajadores; o que se exigieran horas extras cuando se asegura que no hay trabajo. Otra, como la devolución de todas las ayudas recibidas si hay algún despido en seis meses, es más discutible. ¿Qué hacen las empresas que recuperan una actividad parcial, pero han perdido definitivamente otra parte?

En cualquier caso es evidente que el sistema ha funcionado. El ministro José Luis Escrivá se ha venido arriba y ha asegurado «que ha sido un gran éxito que ha permitido evitar las destrucciones de empleo registradas en otras crisis». Ya veremos. Este Gobierno tiene una desagradable tendencia a considerar que su objetivo es solucionar el problema social del presente y a olvidar la conveniencia social y económica del futuro. Es decir, cubrir con dinero público la carencia de empleo temporal está muy bien, pero el éxito definitivo llegará cuando todos vuelvan a sus empleos anteriores y se creen otros más para absorber el irritante paro existente.

Por su parte, la vicepresidenta Nadia Calviño prometió ayer que «este año será el de la aceleración de las reformas con las que todo el mundo está de acuerdo». La propuesta es ambiciosa pues se refería a la educativa, la laboral, la fiscal, las pensiones, etc. Nada menos. Si las implementa y lo hace con consenso prometo romperme las manos con los aplausos. Pero, ahora que lo pienso, si la Ley Celáa es un ejemplo de lo que nos espera…, ¡mis manos están a salvo!