Pablo Simón-El País
No se puede amenazar con cambiar las reglas de juego porque un participante las incumpla
La relación entre los poderes del Estado, y muy especialmente con la justicia, no es sencilla en ningún país. Con todo, en España hace tiempo que requiere mejoras. Según el CIS, sólo el 20% de los españoles están satisfechos con su funcionamiento, lo que se liga con la falta de medios, pero también con la percepción de independencia. Según el Eurobarómetro, el 58% de los españoles piensan que su justicia es poco independiente.
El GRECO, comité dependiente del Consejo de Europa, nos alerta regularmente de esto. Es verdad que en su último informe reconocía mejoras y no cuestionaba la independencia de nuestros jueces. Sin embargo, también nos recordaba que tenemos un Consejo General del Poder Judicial que, por su estructura de gobierno y elección, erosiona la credibilidad del sistema jurídico y refuerza esa idea de politización.
La propuesta de reforma registrada por el PSOE y UP, lejos de resolver nada, profundiza en este problema. El PP está incumpliendo con su deber constitucional al no acordar con el Gobierno la renovación del CGPJ. Por tanto, tiene sentido que, ante el bloqueo, se fije por ley que el Consejo tenga poderes residuales. Ahora bien, esto no puede justificar en modo alguno reducir los umbrales de elección de sus doce integrantes elegidos en Cortes de tres quintos a mayoría absoluta. Esta reforma es peligrosísima.
Desde la perspectiva institucional, acaba con el pluralismo de la institución ya que permite a las mayorías de cada legislatura controlar el órgano de gobierno de los jueces sin contrapesos. Una situación que, además, es reversible, y hará que los sucesivos Gobiernos piloten (aún) más directamente los nombramientos judiciales. Es sabido que no hay órgano contra-mayoritario más necesario para preservar la democracia que una judicatura independiente (basta con mirar a nuestro entorno). Y es que, aunque se alegue que el cambio es puntual, cuando se dinamita un freno es raro el Gobierno que, voluntariamente, quiere volverlo a levantar. Pero, además, desde la perspectiva política no se puede amenazar con cambiar las reglas de juego porque un participante las incumpla. Esta propuesta de reforma justamente brinda al Partido Popular un poderoso asidero al que agarrarse para incumplir su deber de llegar a un acuerdo.
Daría para otra discusión cuál es el mejor modo de elegir a los miembros del Consejo. Hay quien piensa que deberían votarlos solo los jueces, otros prefieren el sistema vigente. Para mí lo ideal sería que se hiciera un sorteo sobre una lista elegida por el Parlamento. Al menos nos aseguraríamos de que el velo de la ignorancia en la elección forzara a los partidos a potenciar la idoneidad de los candidatos. Pero, al margen del debate, poco se ha aprendido sobre las causas de la crisis institucional en la que estamos si el Gobierno no ve, o no quiere ver, el peligro que entraña su reforma.