El movimiento de Sabin Etxea le permite tomar la delantera y poner en el foco el debate identitario, aparcado en un segundo plano -también en la reciente campaña electoral- ante el protagonismo adquirido por el deterioro de la sanidad, las dificultades para acceder a una vivienda o la seguridad, asuntos todos ellos que figuran entre las grandes preocupaciones de la ciudadanía y que cuestionan la gestión del Ejecutivo.

El líder jeltzale coincide con la izquierda abertzale en que «se dan las condiciones» para explorar un acuerdo, aunque desde el anterior conato fallido el único cambio reseñable es la flexibilidad con la que Pedro Sánchez ha traspasado ‘líneas rojas’ supuestamente infranqueables en cesiones al independentismo catalán, lo que quizás ha despertado en ambos grupos esperanzas de ver cumplidas aspiraciones «nacionales» a corto plazo.

Es necesaria una actualización de nuestro autogobierno para adecuarlo a la realidad actual. Su mejora y refuerzo para extraer todas sus potencialidades ha de partir de la constatación de que la inmensa mayoría de las decisiones que afectan a los vascos ya se adoptan en Euskadi en el ejercicio de sus amplísimas competencias propias, incluidas las fiscales al amparo del Concierto Económico. Ni los problemas que aquejan a la población son achacables a una supuesta falta de autonomía ni el margen para ir más allá con nuevas atribuciones resulta ilimitado.

Cualquier reforma viable ha de suscitar un amplio consenso transversal en una sociedad diversa y ser respetuosa con el ordenamiento jurídico. Pretender saltos hacia el soberanismo a partir de lecturas creativas de la disposición adicional de la Constitución que «ampara y respeta los derechos históricos», pero aclara que su actualización «se llevará a cabo, en su caso, en el marco» de la propia Carta Magna equivale a generar expectativas sin recorrido y que fracturan un País Vasco contrario a los aventurerismos.