Francesc de Carreras-El Confidencial
- Ha llegado la hora de la verdad: las decisiones económicas y sociales que se tomen en el marco español decidirán el resultado de las próximas elecciones
Ayer se cumplieron dos años de las elecciones que dieron lugar al actual Gobierno y mañana se cumplen también dos años del anuncio en que Sánchez e Iglesias mostraron su intención de coaligarse. Fue el primer Gobierno nacional de coalición de la democracia española.
Estos casi dos años de legislatura han resultado extraños, muy extraños, y muy sorprendentes: la crisis sanitaria del covid-19 ha dominado el panorama. Si nada se tuerce, afortunadamente estamos en el tramo final, pero aflora —mejor dicho, ya es una realidad— otra crisis de hondo calado económico que estaba prevista de antemano con todas sus consecuencias sociales, laborales y… también políticas.
En estos dos años nos hemos mantenido, gracias a la política de la UE y las facilidades de crédito de su banco central, en una especie de estado de excepción económico: hemos gastado lo que no teníamos porque nos han prestado a intereses insignificantes, pero ahora la acumulación de deuda, sobre todo pública, es de dimensiones colosales y debemos devolverla, nada es gratis. Solo el crecimiento económico puede facilitar que sea posible esta devolución en el menor periodo de tiempo posible, antes que los intereses se incrementen.
Por tanto, en el previsible periodo de dos años que restan de legislatura —parece que los presupuestos van a aprobarse a tiempo y pueden prorrogarse un año más—, este crecimiento es una opción política inevitable: primero hay que crecer y luego repartir. Pero esto último no parece que lo tengan claro alguna parte del Gobierno y buena parte de los partidos que lo apoyan en el Congreso. De ahí que los problemas económicos puedan generar otros de índole política.
Por ahora, los sondeos de opinión no parece que indiquen cambios muy sustanciales, pero sí tendencias que están en el ambiente: el PSOE desciende levemente, el PP experimenta una notable subida, Podemos baja algo, Vox aumenta mucho y Ciudadanos está en trance de desaparecer. Esto es lo que indica el último sondeo de Metroscopia, un instituto de la mayor fiabilidad. Sin embargo, como añade el comentario al sondeo, el bloque de la derecha experimenta un avance notable respecto al bloque de la izquierda.
Hasta ahí, las cosas tal como están a día de hoy. Pero quizás indican poco, ya que, tal como hemos dicho, nos encontramos empezando una etapa nueva en esta rara legislatura que puede cambiar muchas cosas, porque de la sanidad pasamos a la economía y aquello que se perdonaba al Gobierno en el periodo anterior, por ser nuevo e inesperado, ahora se juzgará con un criterio más severo, porque de crisis económicas ya hemos aprendido bastante en los últimos tiempos y no nos encontramos en una fase de austeridad, sino de importantes ayudas financieras por el hecho de estar en la UE. Hay que administrarlas bien.
Ha llegado, por tanto, la hora de la verdad: las decisiones económicas y sociales que se tomen en el marco español decidirán el resultado de las próximas elecciones. Al respecto, hay que formular algunas consideraciones.
Volcado en las cuestiones inmediatas a consecuencia de la pandemia, el Gobierno apenas se ha dedicado a tareas distintas de la sanidad y sus conexiones, es decir, ha intentado resolver problemas del corto plazo sin una mirada que oteara un horizonte de mayor amplitud. Así pues, en el largo plazo, se trata de un Gobierno inédito, con un conflicto en su interior —PSOE/Podemos— y otro en el ámbito de quienes lo apoyan en el Congreso, especialmente conflictivo con los grupos nacionalistas cuyos intereses son distintos, quizás incluso contrarios, porque intentarán constantemente poner en un brete al mismo Gobierno para demostrar que «España no nos sirve», como suelen repetir los independentistas catalanes.
Esta doble contradicción —con Podemos y con los nacionalistas— será en estos dos años su principal problema junto con un tercer factor, de importancia decisiva: el control de las autoridades de la UE respecto a la orientación del gasto público por parte de las instituciones españolas. Pensemos que las principales cuestiones a las que debe hacer frente el Gobierno son empleo, inflación/precios y el reparto de los fondos europeos. En las tres inciden, por una u otra razón, las contradicciones internas dentro del Gobierno y con sus apoyos parlamentarios, así como también las contradicciones del conjunto de todos ellos con Bruselas.
El panorama, pues, no es de fácil resolución, porque el Gobierno está formado por el mismo insensato e incoherente bloque de la moción de censura. Con alguna mejora, ciertamente: las salidas de Iglesias y Redondo, uno el rey de la demagogia y el otro el rey del cortoplacismo, por Yolanda Díaz y Félix Bolaños, que son cosa distinta. Aunque sabemos que Pedro Sánchez es un notable saltimbanqui, no siempre sale bien el triple salto mortal.
Precisamente, mientras escribo estas líneas salta la noticia de que la UE ha exigido a España el aumento del periodo de cómputo de las pensiones y Sánchez se ha comprometido ante la señora Von der Leyen a cumplir tal mandato. ¿Qué dirá Podemos, cómo lo encajará la señora Díaz, qué argumentos utilizará ante los suyos para justificarlo? Complicado.
De momento, la política económica española no suscita mucha confianza. Ni a los ciudadanos españoles, que todavía no aumentan suficientemente el consumo, ni a los organismos independientes y reguladores como el Banco de España o la AIReF, que plantean cifras de crecimiento muy inferiores a las oficiales. Tampoco confía en España el ‘Financial Times’, periódico de referencia de los inversores internacionales. Ayer precisamente se refería a España como el «rezagado económico de la eurozona», consideraba que «la recuperación estaba atrasada» y empezaba un largo artículo diciendo: «A medida que las economías más grandes de la UE se recuperan de la crisis del coronavirus, una se queda atrás: España».
Todo huele a mayo de 2010, cuando Rodríguez Zapatero dio un giro de 180 grados en su política económica. Solo falta que a Sánchez le dimita Nadia Calviño, como hizo Solbes. Si así fuera, al presidente del Gobierno no le quedaría otro remedio que disolver las Cámaras, convocar elecciones y perderlas. A menos, claro, que el PP siga empeñándose en suscitar aún menos confianza que el PSOE.