Pablo Sebastián-Vozpópuli

Semana negra española a la mayor gloria del presidente Pedro Sánchez con la ruptura de la concordia nacional en el 20 aniversario de los atentados del terrorismo yihadista del 11-M de 2004 (con 192 muertos y cerca de 1.800 heridos) por causa del veto infame que impuso Sánchez a la presencia de Feijóo en el acto oficial, que presidió el Rey Felipe VI, del homenaje a las víctimas del terror. Y semana negra con la aprobación en el Congreso de los Diputados de una Ley de Amnistía, inconstitucional, con la que Sánchez, tras haber perdido las elecciones generales del 23-J de 2023, compró su investidura de presidente a los delincuentes separatistas catalanes, Junqueras y Puigdemont, los que lideraron el golpe de Estado de 2017 en Cataluña. Un bochornoso espectáculo adornado con la corrupción del caso Koldo/Ábalos en el PSOE y el festín de sus comisionistas entre los que aparecen personajes implicados en el rescate de Air Europa, por 475 millones que aportó el Gobierno, y que han favorecido previa y económicamente a la esposa del presidente, Begoña Gómez, sin que Sánchez lo impidiera o se abstuviera en la votación del Consejo de Ministros que aprobó el rescate motivo por el que el PP ha presentado, sin mucha esperanza de respuesta, una demanda ante la Oficina de Conflictos de Intereses.

Como guinda de la semana negra, el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, ante la imposibilidad de aprobar sus nuevos Presupuestos por la firme oposición de Junts Sumar (En Comú), anunció el miércoles la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas para el día 12 de mayo. Una decisión de Aragonés, pactada con Sanchez/Illa, con la que, además de aparcar durante algún tiempo la bronca nacional sobre la corrupción PSOE, se ha alterado el calendario político en Cataluña y toda España ante el nuevo y múltiple calendario electoral: comicios vascos el 21 de abril, catalanes el 12 de mayo y europeos el 9 de junio. Lo que ha obligado a Sánchez a renunciar a su pretensión de aprobar en los próximos días los Presupuestos de 2024 y, en consecuencia, a prorrogar los actuales PGR de 2023 en pos de centrarse en la batalla electoral catalana. En la que Pere Aragonés cree que ha tomado ventaja, por el efecto sorpresa, frente a su directo competidor en el flanco nacionalista, Carles Puigdemont, el que puede presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat y al Parlamento de la UE, porque no está inhabilitado. Y el que parece que desea regresar a España en junio -antes de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat- cuando esté definitivamente aprobada la Ley de Amnistía tras pasar por el Senado y regresar al Congreso. Para evitar así Puigdemont el riesgo de entrar en prisión, incluso aunque la amnistía no se pueda aplicar de manera inmediata si es bloqueada por el Tribunal de Justicia de la UE, tras la ‘cuestión prejudicial’ que le presentará el Tribunal Supremo.

Un partido que Pedro Sánchez, muy tocado y agresivo, ha querido empatar pidiendo la dimisión de Isabel Ayuso (cinco veces durante la sesión de control del Congreso) por un presunto fraude fiscal del ‘novio’ la presidenta madrileña

Aunque Puigdemont regresara a España -donde aún está en caza y captura- de manera voluntaria y se pusiera a disposición del Tribunal Supremo para ser juzgado, quedará en libertad porque, en ese caso, habría desaparecido el riesgo de fuga. En cuanto al debate sobre la corrupción el caso Koldo/Ábalos, sigue al frente de la polémica en los medios y en el PSOE. Un partido que Pedro Sánchez, muy tocado y agresivo, ha querido empatar pidiendo la dimisión de Isabel Ayuso (cinco veces durante la sesión de control del Congreso) por un presunto fraude fiscal del ‘novio’ la presidenta madrileña. Lo que ella ha desmentido. Y sobre el que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha revelado, ilegalmente, datos secretos de la Agencia Tributaria antes de que los publicaran los medios de comunicación. Y un asunto en el que, al margen del acoso de ‘los poderes del Estado’ que en su contra denuncia Ayuso, está por ver si su pareja, Alberto González, a primeros de mes febrero y a través de su abogado, le ofreció a la fiscalía un pacto donde habría reconocido dos delitos fiscales y anunciado que piensa devolver a Hacienda los 350.000 euros del presunto fraude. Eso al menos es lo que afirman algunos medios, mientras otros aseguran que fue la fiscalía, en marzo, quien ofreció ese pacto al compañero de Ayuso, aunque parece que posteriormente y por órdenes ‘de arriba’ el fiscal lo retiró.

La nueva cita electoral catalana le da así un respiro al Sánchez cercado por la corrupción y por la amnistía, como lo prueba la ventaja de casi tres puntos del PP sobre el PSOE según la última de las encuestas el CIS

Mientras tanto Sánchez se ha ausentado del Congreso durante el debate y la votación de la Ley de la Amnistía, que, sin duda, es la mayor infamia de su paso por el poder y algo nunca visto en España ni en Europa. Una amnistía que Puigdemont espera que esté operativa y aplicable cuando, una vez que concluyan las elecciones catalanas del 12 de mayo, se celebre la sesión de investidura del nuevo presidente catalán, cargo al que aspiran con bastantes posibilidades tanto Pere Aragonés por ERC como Salvador Illa por el PSC. La nueva cita electoral catalana le da así un respiro al Sánchez cercado por la corrupción y por la amnistía, como lo prueba la ventaja de casi tres puntos del PP sobre el PSOE según la última de las encuestas el CIS y en línea con lo ocurrido en Galicia. Aunque esta ventaja de PP sobre el PSOE puede ser mayor si descontamos el ‘efecto Tezanos’, quien esta vez no ha tenido más remedio que reconocer que Feijóo figura en su sondeo como el político más valorado de España por delante de Díaz, Sánchez y Abascal. Lo que no debe ser, tal y como están las cosas en este país, un motivo para el relajamiento del PP ante las tres citas electorales que tiene por delante y en las que, frente a la ley de amnistía que se aprobó en el Congreso, todavía tiene mucho que decir el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Supremo español como bien lo sabe Sánchez y lo temen Puigdemont y Aragonés.