ABC 08/07/14
EDITORIAL
El voto particular de Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –contrario a la absolución de los acusados de asediar el Parlamento catalán en 2011–, documenta el compromiso del magistrado con el espíritu y la letra de la ley. Legitimar la actuación de un grupo de radicales en función de su dificultad «para hacerse oír o intervenir en el debate político y social», como reza la sentencia, responde a una forma de interpretar las normas que merecía, cuando menos, una aclaración. El Código Penal está para aplicarlo, no para leerlo en diagonal.
En realidad, el voto particular de Grande-Marlaska es un certero toque de atención a esa manera de interpretar la Justicia con criterios puramente subjetivos y al margen de la letra de la ley. Las consideraciones a las dificultades sociales para expresar el malestar o el desacuerdo político son una extravagancia jurídica similar a las empleadas en su día por magistrados como Pedraz, que no vieron delito en la violenta actuación de los grupos que rodearon el Congreso de los Diputados, por considerar que eran la legítima manifestación del descontento ciudadano.
En junio de 2011, violentos alborotadores impidieron la apertura de la legislatura catalana, hasta el punto de que el presidente de la Generalitat tuvo que entrar en el recinto de la Cámara regional en helicóptero. La decisión de la Audiencia Nacional marca un peligroso antecedente, pues a partir de ahora las facciones más agresivas de los grupos que muestran su descontento en la calle se van a sentir legitimadas. Lo ocurrido ayer coloca la inexistente libertad de expresarse y manifestarse violentamente por encima del Código Penal.