EL CORREO 11/12/13
· La Delegación del Gobierno había instado a la universidad a colocar la enseña tras verificar su ausencia en las escuelas de Ingenieros en Bilbao.
La batalla que dirime el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, para que la bandera española sea exhibida en todos los edificios oficiales de Euskadi sumó ayer un nuevo reconocimiento judicial. El Juzgado de lo Contenciosoadministrativo número 2 de Bilbao ha estimado el recurso presentado por la Administración del Estado contra la Universidad del País Vasco por el incumplimiento de la Ley de Banderas de 1981.
El fallo, que data del 27 de noviembre pero que todavía no había sido hecho público, considera que la dirección de la UPV desoyó un requerimiento de la Delegación del Gobierno y se negó a hacer ondear la enseña en el exterior y en el lugar principal del interior de sus edificios, como estipula la regulación establecida sobre banderas.
El inicio del contencioso entre la Delegación del Gobierno y la Universidad se retrotrae al pasado marzo, cuando Urquijo se hizo eco de una denuncia de un ciudadano que aludía a la ausencia del estandarte español en las sedes de las escuelas de Ingenieros y de Ingenieros Técnicos, en Bilbao, infringiendo, a su entender, la normativa de símbolos del Estado. El requerimiento exigía que se obligara al cumplimiento de la ley de banderas de acuerdo con la norma vigente de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. El denunciante incluso amenazaba con presentar un querella contra Urquijo por prevaricación si no procedía a conminar a la UPV.
Realizada la comprobación inicial por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Delegación del Gobierno remitió un escrito a la secretaría general de la UPV en la que se transmitía la irregularidad detectada. La respuesta obtenida, según Urquijo, aseguraba que la Universidad «no se sentía concernida con la ley, al estimar que por su naturaleza jurídica no quedaba afectada por la ley de banderas».
Ámbito subjetivo
El mismo argumento fue utilizado durante el litigio, ya que su defensor postuló que «la UPV no es una administración territorial y tampoco institucional y, por tanto, no formaría parte del ámbito subjetivo de la aplicación de la ley de banderas. Siendo la bandera un símbolo vinculado a la soberanía y no a otra cosa como quiera que en las universidades, sean públicas o privadas, no se ejerce soberanía alguna», según se recoge en el fallo del magistrado.
El tribunal desestimó la teoría de la UPV y sostiene en la sentencia que la legislación determina que «la bandera de España deberá de ondear en el exterior y ocupar un lugar preferente en el interior de los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial, insular o municipal del Estado». Asimismo, recuerda el juez que «en las comunidades autónomas cuyos estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la de España en todos los edificios públicos civiles».
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Bilbao, que condena asimismo al pago de las costas a la UPV, no tiene carácter firme, por lo que la Uuniversidad podrá interponer el oportuno recurso e impugnar la resolución. Desde la institución docente se negaron ayer a valorar el fallo judicial al estimar que el proceso todavía sigue abierto y postergaron cualquier posicionamiento hasta que se produzca una resolución definitiva tras las alegaciones que sus representantes tienen previsto presentar en los próximos días.
Carlos Urquijo se mostró satisfecho al comprobar que la Justicia, «como ha hecho en todas las ocasiones hasta ahora en los casos de los ayuntamientos», reconoce la obligación de todo tipo de administraciones públicas de colocar la bandera española en sus sedes. Sin embargo, también señaló que existen «diferentes grados de cumplimientos de las sentencias», denunciando que en algunos casos se intenta sortearlas mediante el uso de enseñas de «dimensiones ridículas».
EL CORREO 11/12/13