EL MUNDO – 14/04/15 – EDITORIAL
· La absolución de dos integrantes de la red de extorsión de ETA con sede en el bar Faisán de Irún y la condena a penas leves a sólo dos de ellos demuestran hasta qué punto la banda se benefició del chivatazo cometido por el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y por un agente a sus órdenes, José María Ballesteros, para dar la alerta a sus cabecillas. La sentencia de la Audiencia Nacional notificada ayer confirma que nos encontramos ante una de las mayores iniquidades cometidas en democracia y ante una imperdonable afrenta a las víctimas contra la que el Estado de Derecho ha ofrecido una respuesta frustrante. Es éste un fracaso palmario de las instituciones, empezando por el Gobierno de Zapatero, siguiendo por la policía que dirigía Rubalcaba y terminando de forma lamentable por la Administración de Justicia. Nadie puede creer que Pamies y Ballesteros no recibieran una orden superior.
«Nada se pudo encontrar en los registros», se reconoce en la resolución para justificar las absoluciones –el fiscal pedía 12 años para cada acusado–. Nada se pudo encontrar, ni los 54.000 euros procedentes del cobro del impuesto revolucionario, ni la contabilidad, ni la documentación referente a su penosa burocracia, ni la lista de extorsionables y extorsionados con sus correspondientes cartas, ni los sellos con el anagrama de ETA. Y sólo hay una razón que pueda explicarlo: la delación cometida por los dos policías, que puso sobre aviso a los chantajistas de que se les venía encima una redada. Es singularmente triste que la Audiencia Nacional sí que considere acreditado, por el contrario, que el Faisán era el centro de la trama y que era Joseba Elosua, el hombre que recibió el chivatazo, quien la dirigía. La pista era pues la buena y todo indica que los arrestados habrían recibido la condena que se merecen si no hubiese mediado el soplo.
La condena a los policías por una mera revelación de secretos y no por un delito de colaboración con ETA se explicó por la Audiencia Nacional entonces con el inaceptable razonamiento político de que el chivatazo «no fue una acción directa para favorecer la actividad de la banda terrorista, sino que fue guiada con la finalidad de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA». Esto es: que no se quería poner en peligro «la paz social». Cae por su propio peso lo pueril de ese argumento. La contribución de las víctimas a la democracia reside precisamente en haber renunciado a responder por su mano a los crímenes terroristas, depositando su confianza en la respuesta justa del Estado de Derecho. Eso es lo que aquí ha fallado y sólo hay una manera de empeorarlo: indultando a Pamies y Ballesteros.