En una casa de subastas de Milán se vendió una escultura invisible por 15.000 €. No hay nada de nada, sólo un círculo dibujado en el suelo donde se supone que reposa la fantasía del artista. Y su cara dura, también. Para que el engaño llegue a término, no sólo es necesario un sinvergüenza sin escrúpulos, sino un primo, un paria. Un pringado. Éste normalmente intentará ocultar su posición de pardillo defendiendo las virtudes del timador/artista y especialmente del timo/obra en sí. Este episodio me recordó a Pedro Sánchez y su futuro compañero de barranco intentando vender el indulto de sus socios y la posterior mesa de diálogo con Junqueras, como la solución política y de concordia para ‘Cataluña’. Así como a todos quienes defienden dicha decisión, pues o forman parte de la banda del timo trabajando de señuelo del embuste o son el paria que se lo cree.

Muchos afirman que el indulto tendrá un rechazo mayoritario entre los votantes socialistas. Resulta cuanto menos sorprendente que un 70% de ellos se mostrase favorable a un Gobierno junto a Bildu y ERC tras el golpe de Estado del 2017, y que ahora, de forma súbita, esté radicalmente en contra de que sigan en prisión los líderes separatistas por hechos a los que no daban importancia.

Pedro Sánchez ha iniciado la campaña de venta, de propaganda, situándose como “luchador del diálogo, de la concordia, un líder dispuesto a hacer sacrificios por un bien mayor”. Un discurso que recuerda a las fábulas de grandeza del otro genio del embuste, José Luis Rodríguez Zapatero, en sus dos grandes engaños: el Estatut de Cataluña y su proceso de diálogo con ETA.

La realidad de aquella mentira era resucitar a ETA sacándola del ostracismo institucional y asegurarse así un socio legítimo con el que poder pactar Gobiernos

Ante una ETA derrotada operativamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional y desterrada de las Instituciones gracias a la Ley de Partidos, Zapatero apareció como salvador para arrogarse personalmente dicha gesta de forma espúrea. La realidad de aquella mentira era resucitar a ETA sacándola del ostracismo institucional y asegurarse así un socio legítimo con el que poder pactar Gobiernos e imposibilitar de este modo la llegada de la derecha al poder. Zapatero no fue un salvador de la paz, sino del proyecto de ETA.

El discurso de Sánchez con los indultos es otro plagio de los suyos y de su asesor, en este caso de Zapatero cuando anunció un nuevo Estatut de Cataluña como la solución política. Entonces fueron muchos los socialistas (y populares posteriormente), que compraron aquél falso postulado del Estatuto como solución. David Jiménez Torres ha definido este engaño a la perfección como la Premisa, en su certero libro 2017, la crisis que cambió España. Tal elemento consiste en creer (o hacer creer) que si se concede más autonomía, más privilegios y se atienden todos sus deseos, el nacionalismo catalán no romperá la baraja porque en realidad no quiere romperla. Lo que es inaudito es que se defienda esa estrategia miope después de haber roto y despedazado la baraja en 2017 con el golpe de Estado.

Lo verdaderamente grave en esta ocasión es instaurar un escenario que finiquita el sistema democrático actual con órganos paralelos de decisión

Sánchez quiere restaurar la situación previa otorgando algo que incluso rechazan los nacionalistas por insuficiente, como si no hubiese sucedido nada en una especie de reposición del conocido como el Error Berenguer. Pero en esta ocasión, lo peor no es hacer como si no hubiese habido un intento de subvertir el orden constitucional desde unas Instituciones autonómicas. Ni siquiera el de pretender volver a una normalidad que nos llevó a la anormalidad del 2017. Lo verdaderamente grave en esta ocasión es instaurar un escenario que finiquita el sistema democrático actual con órganos paralelos de decisión, con ataques sin precedentes al Poder Judicial desde el Ejecutivo con los indultos a su propia sentencia, y donde se pretende modificar el Código Penal para que los actos delictivos de sus socios no vuelvan a ser un obstáculo en su relación.

Desigualdad ante la ley

Desde las filas nacionalistas y de la izquierda (las mismas que supuestamente se oponen al indulto), se ha bramado por la necesidad de una solución política del problema catalán y a no judicializar la política, en referencia al juicio del procès. Como si la Ley no fuese la máxima expresión política, como si los políticos no debieran estar sujetos a las leyes, estableciendo así los pregoneros de la igualdad, la mayor de las desigualdades.

Sí coincido sin embargo en la necesidad de aportar una solución política y no exclusivamente judicial, que ha de limitarse a perseguir los delitos y a los delincuentes. Siempre se ha identificado el diálogo con negociar con los nacionalistas, pero nunca se ha contemplado la posibilidad de atender y escuchar a los no nacionalistas en Cataluña, víctimas olvidadas de ese sistema de apartheid etnolingüístico. Siempre se ha preferido dialogar en base al desquiciado postulado victimista de quienes ostentan el mayor poder económico del país gracias al presupuesto, en tanto que los no nacionalistas, generalmente sin poder alguno, no existen. Tampoco existe la preocupación por resolver esos problemas que, finalmente, les empujan camino del exilio, en una situación tantas veces negada, incluso, desde el Consejo de Ministros.

Para empezar, el compromiso de tramitar una reforma electoral que aumente el porcentaje mínimo requerido para que los partidos tengan representación en el Congreso

Pongamos encima de la mesa una verdadera solución política que no pase por los Tribunales. Cabrían varias medidas que son puramente políticas y que solucionarían no el “problema catalán” sino los problemas de millones de catalanes, de españoles y de funcionamiento democrático institucional de nuestro país. Para empezar, el compromiso por parte del Gobierno para tramitar una reforma electoral que aumente el porcentaje mínimo requerido para que los partidos puedan tener acceso al Congreso de los Diputados. De ese modo, los partidos nacionalistas y regionalistas obtendrán representación únicamente en la auténtica Cámara territorial, el Senado. No es la Ley de Partidos la que solventaría la situación, sino el régimen electoral.

En segundo lugar, garantizar que el español sea verdadera lengua vehicular en la enseñanza en toda España, especialmente en las regiones con lenguas cooficiales donde ahora es perseguida u hostigada. Otra medida política y no judicial sería eliminar transferencias presupuestarias que acaben en medios de propaganda xenófoba, como TV3 o la red de “embajadas catalanas”. Otra medida política y no judicial sería activar a nuestra diplomacia en la defensa del prestigio, la imagen y la situación de España al objeto de conseguir socios y aliados frente a rivales y enemigos, a diferencia de la orden de silencio que recibieron en 2017.

La solución ha de ser política, pero con el enfoque en las verdaderas víctimas y, muy en especial, en lo que se pretende proteger y reforzar, que es la democracia española. Ante la debilidad institucional ya hay un ataque exterior que pretende beneficiarse. Urge la solución política.